El Gobierno mostoleño busca alternativas para firmar convenios con las entidades sociales
No se han renovado convenios con entidades como Cruz Roja, dejando así de prestar servicios como el de la Casa de Acogida para Mujeres con cargas Familiares. Explican, en un comunicado, que están trabajando para encontrar una alternativa ante las competencias impropias que deben de asumir
Fachada del Ayuntamiento de Móstoles / Ayto. Móstoles
Móstoles
Ante la información publicada y adelantada en SER Madrid Oeste sobre los dos contratos que no se han renovado con la ONG Cruz Roja Móstoles y como consecuencia se ha cerrado el Dispositivo de Acogida de Mujeres con cargas familiares y el Espacio de Conciliación para Familias, el Gobierno municipal de Móstoles ha emitido una nota de prensa.
En ella aseguran que están actuando "siguiendo estrictamente las indicaciones de los técnicos y habilitados nacionales al no renovar los convenios con entidades como Cruz Roja. Los informes emitidos por el área de asesoría jurídica del Ayuntamiento son negativos, lo que hace inviable renovar los convenios suscritos hasta el momento. El Ejecutivo Local sigue trabajando para encontrar una vía administrativa que permita mantener los servicios y para garantizar la asistencia a todas las personas que lo necesiten".
En este comunicado destacan que los informes negativos emitidos por los técnicos "señalan que estos convenios no pueden seguir desarrollándose porque los servicios que ofrecen no son competencia del Ayuntamiento sino del gobierno regional que dirige Isabel Díaz Ayuso y, consideran, que no se puede seguir gastando el dinero de las vecinas y vecinos de Móstoles en una competencia que corresponde a la Comunidad de Madrid".
"El Gobierno Local ha estado y estará siempre de lado de los colectivos más vulnerables. Su compromiso para garantizar el bienestar de las vecinas y vecinos de Móstoles es y seguirá siendo firme, así como su voluntad de ayudar a todos los colectivos que lo necesiten", destacan en las líneas de la nota de prensa, pero consideran, "que resulta difícil seguir tomando decisiones de buena fe y ajustadas a derecho y a los pliegos para desarrollar algunas medidas después de que la Junta de Gobierno haya sido citada en diligencias previas de una querella penal por tratar de preservar 25 empleos y garantizar al menos el cobro de una parte de la deuda de una empresa al borde de la quiebra con una buena acción, ajustada a la legalidad y a los informes de los técnicos y habilitados nacionales. Las únicas acciones que seguirá adoptando son las avaladas por informes de los técnicos municipales".
Por su parte, la concejala de Presidencia, Marisa Ruiz, asegura que “el Gobierno de Móstoles siempre va a actuar siguiendo lo que marquen los técnicos y habilitados nacionales” y responde a las acusaciones de la Portavoz del Partido Popular Mirina Cortés: “¿Qué quiere que hagamos? ¿Una ilegalidad como las muchas que ha hecho su partido con dos exalcaldes, Esteban Parro y Daniel Ortiz, imputados y procesados por corrupción y a la espera de juicio por la Púnica, Gürtel o Waiter Music?".
La edil señala que "en lugar de cuestionarlos informes de los profesionales que dicen que este servicio no es competencia del Ayuntamiento, sino de la Comunidad de Madrid, lo que debería hacer es dejarnos hacer nuestro trabajo y arrimar el hombro. Es diputada por Móstoles en la Asamblea de Madrid, con un sueldo de 90.000 euros, así que, que le pida al PP y a su presidenta, la señora Ayuso, que cumpla con sus responsabilidades y garantice la continuidad de los servicios”.
