21 años del accidente que costó la vida a 12 ecuatorianos en Lorca
Una ofrenda floral recordará este lunes el accidente que costó la vida a los trabajadores, que murieron al ser arrollados por un tren de cercanías en la furgoneta en la que viajaban

Imagen del homenaje de 2017 a los 12 ecuatorianos fallecidos en 2001 / Nuevos lorquinos

Lorca
Una ofrenda floral recordará este lunes el vigésimo primer aniversario del accidente que el 3 de enero de 2001 costó la vida a 12 inmigrantes ecuatorianos en Lorca, que murieron al ser arrollada por un tren de cercanías la furgoneta en la que viajaban.
La asociación de inmigrantes Nuevos Lorquinos cumplirá con el acto memorial de colocar flores con el nombre de los fallecidos cerca del paso a nivel -ya desaparecido- de la pedanía de Torrecilla en el que ocurrió el siniestro, según ha confirmado a Efe su presidente, Mario Aguilar.
El homenaje tendrá lugar a las 12 horas con presencia de familiares de algunas de las víctimas mortales y se entonará una plegaria en recuerdo a los jornaleros que perecieron en el accidente cuando se dirigían a una finca agrícola de Puerto Lumbreras.
Al acto ha sido invitado el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, y también representantes consulares de Ecuador en la Región de Murcia, ha dicho Aguilar.
El accidente de 2001 sirvió para visibilizar las precarias condiciones laborales de los inmigrantes en España en aquel momento y abrió además la puerta al primer proceso de regularización masiva de los extranjeros indocumentados en el país.
El proceso penal para depurar las responsabilidades del siniestro que concluyó en 2003 con la condena a tres años de cárcel del conductor de la furgoneta siniestrada, aunque la pena fue conmutada por su expulsión del país y supuso la deportación del chófer en las semanas siguientes con la prohibición de regresar a España en los tres años siguientes.
Fue acusado de 12 delitos de homicidio involuntario por imprudencia grave y un delito de lesiones en la persona de Nancy Verónica Porras, entonces una niña de 13 años, que sobrevivió al siniestro, y de un delito de imprudencia grave al provocar el descarrilamiento del tren.
Los 44 familiares directos de los fallecidos y la niña que resultó herida fueron indemnizados a lo largo del año 2002 con dos millones de euros por la compañía aseguradora del furgón.