La Fiscalía dice en su memoria anual que los protocolos para residencias eran "recomendaciones"

Madrid

Las familias de mayores que viven en residencias y que se agruparon bajo la asociación Marea de Residencias para defender su dignidad llevan pidiendo mucho a la Fiscalía de la Comunidad de Madrid que investigue lo sucedido durante la primera ola de la pandemia, en la que fallecieron con síntomas o confirmados por coronavirus casi 6.000 personas.

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Ahora, tras leer las conclusiones de la memoria anual del Ministerio Fiscal, se sienten "indignados y tristes", cuenta Carmen López, una de sus portavoces. El motivo es que entre las conclusiones que se han escrito se dicen cosas como que los protocolos de exclusión sanitaria contenían 'una serie de recomendaciones, que todos los geriatras hospitalarios que informaron señalaron que tenían valor meramente orientativo y no excluían la valoración integral de cada paciente'.

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Para esta portavoz, la justicia está actuando "dando la espalda a las víctimas" porque en esa misma memoria se concluye también que 'los criterios llamados de exclusión, no funcionaron como impedimentos para las derivaciones'. Con estas conclusiones escritas por la Fiscalía "pareciera que hubiera asumido como propios el discurso de la Comunidad de Madrid. Es la sensación de que hay un acuerdo tácito entre ambas partes y que no se quiere ir más allá", concluye López.

Estas familias están descontentas porque consideran que la fiscalía no ha investigado y, sobre todo, no ha citado a declarar al ex director general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, que puso la firma en aquellos protocolos, o a quien fue consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos, Alberto Reyero, que siempre se ha mostrado dispuesto a hablar con el Ministerio Fiscal.

Fiscalía de la Comunidad de Madrid no contesta a las preguntas planteados sobre cómo se ha llegado a esas conclusiones o por qué no se ha citado a esos altos cargos de la Comunidad de Madrid en la primera ola de la pandemia.

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Este martes 21 de diciembre la Fiscala Superior, Almudena Lastra, se va a encontrar por primera vez con estas familias agrupadas en Marea de Residencias después de que el pasado 11 de noviembre protestaran a las puertas de esta institución para pedirle que investigue lo ocurrido.

Los protocolos y las derivaciones

En noviembre de 2020 la directora de la residencia Amavir de Alcorcón, Lidia Sánchez, compareció en la comisión de investigación sobre lo sucedido que estaba en marcha en la Asamblea de Madrid. Dijo entonces al ser preguntada sobre si les advirtió de que los protocolos eran recomendaciones respondió con un no y con que "se nos vinieron a decir los casos en los que se podía derivar según ciertas patologías que venían especificadas. El 13 de marzo intentamos derivar a la primera persona y se nos comunicó que no se podía derivar".

Esta responsable contó también que hasta el 31 de marzo no pudieron hacer la primera derivación. A la pregunta que se le hizo sobre si se hubiera podido evitar la muerte de algunos residentes en el centro si hubieran sido derivados contestó con un "sin lugar a dudas".

El ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que cuestionó la legalidad de los protocolos en una comparecencia en la Asamblea de Madrid en junio de 2020. “Yo nunca voy a entrar a considerar acerca de si procede o no la derivación al hospital en cada caso concreto. Esta derivación debe basarse en criterios clínicos, que no discuto y que no me corresponde valorar. Pero considero al mismo tiempo que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal”, subrayó.