Denuncian a dos empresas e investigan a seis personas por extraer jable en suelo protegido de Lanzarote
También se ha levantado acta de denuncia a 23 personas y 13 empresas que fueron sorprendidas por la Guardia Civil realizando extracción de áridos
Agentes de la Guardia Civil en la zona de las extracciones junto a camiones de las empresas denunciadas. / Cadena SER
Lanzarote
El destacamento del Seprona de Timanfaya, en Lanzarote, ha procedido a la investigación de dos empresas y seis personas por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al realizar extracciones de áridos en suelo protegido de la isla.
La Guardia Civil ha explicado que también se ha levantado acta de denuncia a 23 personas y 13 empresas que fueron sorprendidas por los agentes realizando extracción de áridos.
En las primeras actuaciones policiales, los hechos fueron puestos en conocimiento por la Benemérita ante la Agencia Natural de Protección del Medio Rural de Canarias para solicitar información sobre las autorizaciones para extracción de áridos.
Las mismas, repetitivas a lo largo de año 2020 y 2021, estaban a la espera de respuesta sobre la catalogación del suelo, tratándose finalmente de un suelo rústico de protección paisajística y se concluyó que están expresamente prohibidas las actividades extractivas, no siendo compatibles con el planeamiento vigente.
Asimismo, una de las parcelas donde se produjo la extracción de jable se encuentra situada dentro de la Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) ES0000040 Islotes del Norte y Famara, perteneciente a la RED NATURA 2000 y hábitat de la hubara canaria (Chlamydotis undulata), ave que se encuentra en peligro de extinción.
Con todo, según el código penal estos hechos son constitutivos de delito cuando contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, realice directa o indirectamente extracciones o excavaciones en el suelo, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
Además, la Guardia Civil ha señalado que se da la circunstancia de que algunos de los investigados también han sido denunciados administrativamente por realizar extracciones de áridos sin las autorizaciones preceptivas en suelo minero.
