Espinosa de Villagonzalo justifica la baja de 44 vecinos del padrón en la defensa de los intereses del pueblo
La abogada que representa al alcalde de la localidad remite un escrito en en el que asegura que "las personas afectadas pese a figurar formalmente empadronados en el municipio, no residen de manera habitual y efectiva en el mismo"
Espinosa de Villagonzalo / Google Maps
Palencia
Una abogada, en representación del alcalde de Espinosa de Villagonzalo, ha remitido un comunicado en el que justifica la decisión del regidor de dar de baja a 44 vecinos del padrón municipal. Tras numerosos intentos de los medios de comunicación palentinos de contactar, infructuosamente con él, para aclarar los motivos de esta medida ha sido esta la manera que ha elegido para justificar su decisión. Reproducimos a continuación el comunicado de forma íntegra.
"Ante la notoriedad que ha cobrado en distintos medios de comunicación una noticia relacionada con la resolución adoptada por este Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo en fecha 16/11/2021 de dar inicio a un expediente de baja por inscripción indebida a varias personas en el padrón municipal de habitantes y así proceder a la actualización y revisión del mismo, es interés de esta corporación aclarar los concretos y correctos términos de aquella resolución, que es de mero trámite y no decide nada, justificando que ha sido adoptada en riguroso cumplimiento de la legalidad y al margen de cualquier otra espuria motivación, tan incierta como falta de fundamento.
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Dichos expedientes encuentran su única razón en la revisión del padrón realizada dentro de sus atribuciones por el Ayuntamiento, comprobando qué vecinos mantienen o no residencia cierta y efectiva en la localidad, labor iniciada para dar cumplimiento a los requisitos exigidos, entre otras, por la nueva Ordenanza Reguladora de los Aprovechamientos de Bienes Comunales del municipio, que entró en vigor a principios del presente año 2021. Gracias a esta comprobación, se ha detectado la irregular situación en que se encuentran los vecinos afectados por estos expedientes quienes, pese a figurar formalmente empadronados en el municipio, no residen de manera habitual y efectiva en el mismo, sino en otras poblaciones, en la generalidad de los casos más populosas. Sin que sea función de este Ayuntamiento indagar en las causas esta contrastada realidad, sí es su obligación adecuar el padrón a la legalidad, máxime cuando esta distorsión puede acarrear perjuicios directos a otros vecinos que sí han decidido vivir en la localidad, como sin duda se produciría en el caso de que se concediera a quienes no residen en la misma el aprovechamiento de tierras de labor comunales o ayudas destinadas exclusivamente a los moradores, tales como la de MIL EUROS para cada nuevo niño que resida en Espinosa de Villagonzalo.
La decidida apuesta de este Ayuntamiento por fijar población y hacer viable un futuro para la localidad se ha traducido en el establecimiento de múltiples medidas sociales, fiscales y económicas, tales como poner a disposición de sus vecinos un servicio gratuito de taxi para sus desplazamientos por necesidades médicas, el establecimiento de incentivos fiscales o la implementación de ayudas directas a quienes creen y mantengan empleo en la localidad o a quienes hagan posible el mantenimiento y aumento de su población, abriendo las puertas del municipio a quienes quieran recalar en él. Por la misma razón, también es función de este Ayuntamiento evitar aquellos abusos que puedan derivarse de un empadronamiento meramente formal, que no se ajusten a la legalidad y den cabida a posibles intereses particulares en perjuicio del común de los vecinos del pueblo. Razones todas ellas que hacen poco comprensible la postura de quienes, tras denunciar situaciones de este tipo, ahora acuden a la prensa para hacerse eco de lo que no es sino consecuencia última de su propia actuación.
En estos términos la resolución dictada se limita, cumpliendo con la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento de Demarcación Territorial de Entidades Locales, a iniciar un expediente dirigido a adecuar el Padrón Municipal de Habitantes a la realidad que ha sido comprobada a raíz de tales acontecimientos; expediente en el que cada afectado tendrá pleno derecho a realizar alegaciones, con posibilidad de aportar cuantos documentos y pruebas sustenten su residencia efectiva en el pueblo y con ello, su correcto empadronamiento, lo que será sometido al vinculante dictamen del Consejo de Empadronamiento y en última instancia, al control de nuestros tribunales, lo que es plena garantía de la legalidad. Todo lo demás es pura e interesada especulación, esta vez sí movida por motivaciones alejadas de la defensa de los intereses de la localidad."
