Podemos pide que el ataque a su sede de Cartagena se investigue en la Audiencia Nacional como terrorismo
Dos policías detienen al joven acusado de lanzar un artefacto incendiario a la sede de Podemos de Cartagena el pasado dos de abril (Archivo) / Policía Nacional
Murcia
En un recurso presentado en el juzgado de instrucción 3 de Cartagena, Podemos explica que existen "pruebas incriminatorias de la participación del investigado", miembro de Bastión Frontal, "por los ataques en la sede de Podemos Cartagena en hechos de naturaleza similar contra la sede de IU y PCE en la localidad de San Andrés del Rabanedo de León".
Fuentes de la formación morada indican que el móvil del delito no solo se basa en una cuestión de odio hacia una ideología democrática por parte de miembros de extrema derecha, toda vez que se atacan las sedes de dos partidos miembros de Unidas Podemos y pertenecientes al Gobierno de España, sino que los ataques tienen una clara intención de desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas del Estado y de alterar gravemente la paz pública, mediante el método de amenazar a una parte de la coalición del Gobierno, conductas que tienen encaje en el delito de terrorismo tipificado en el artículo 573 del Código Penal.
Javier Sánchez, coordinador de Podemos Murcia y diputado de Unidas Podemos en el Congreso ha dicho que "el atentado a la sede de Podemos Cartagena no es puntual. Esa sede ya estaba en el punto de mira de la extrema derecha con pintadas, rotura de cristales y amenazas a militantes de la formación. Y, en ese contexto, el atentado de abril tenía la clara intención de amedrentar a una organización democrática, como demuestran las conversaciones encontradas en el teléfono móvil del investigado. Si a eso sumamos que el mismo autor habría atentado también en una sede de IU en León todo señala a una extrema derecha que está pasando de lo discurso de odio a la violencia organizada."
Por su parte, Ángel Luis Hernández, secretario de Organización de Podemos Murcia, añade que "ante los indicios de que los hechos investigados pueden suponer una tipificación como organización criminal que opera en varias provincias de forma organizada para desestabilizar al Gobierno, entendemos que lo procedente sería que la instrucción fuera continuada por la Audiencia Nacional".
