La plataforma 'No A La España Insegura' exige en Córdoba la paralización de reforma de la 'Ley Mordaza'

Córdoba

La unión de prácticamente todos los sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como rechazo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, se ha ejemplificado hoy en una concentración frente a la subdelegación del gobierno en Córdoba. Algo que se ha repetido en otros puntos del país.

Aliados bajo la 'Plataforma No A La España Insegura', un total de 42 entidades de representación de fuerzas del orden piden al gobierno que rectifique en su intención de modificar esta Ley que entró en vigor el 1 de julio de 2015. Consideran que se pone en riesgo la integridad física de los agentes y sus familias, sobre todo, al eliminarse la prohibición de grabar imágenes de las actuaciones policiales.

La reforma prevé además retirar parte del material de trabajo a los antidisturbios sin establecer su reemplazo por otro menos lesivo. Y también se perdería la presunción de veracidad de los atestados Policiales. "La reforma nos deja desprotegidos", asegura Antonio Sánchez, del Sindicato Unificado de Policía (SUP), "pero lo más grave son las consecuencias que tiene para la seguridad de la ciudadanía, porque perdemos seguridad jurídica".

La plataforma ha designado a Rafael Sánchez, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Córdoba, para la lectura de su manifiesto. En el mismo, han expuesto la "arbitariedad y falta de diálogo del gobierno, que está pactando la Ley en los despachos sin tener en cuenta el aumento de agresiones a agentes del orden que se está produciendo en los últimos años o el deterioro del principio de autoridad".

Por otro lado, Sánchez ha puesto de relieve también que "se pretende que la identificación de indocumentados no pueda durar más de dos horas (actualmente son seis horas), lo cual compromete nuestra profesionalidad, se elimina material de seguridad ciudadana sin buscar otros medios y se rebajan las infracciones por tenencia de estupefacientes en la vía pública".

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Arropado por aplausos y gritos de "gobierno dimisión", fuentes de todos los sindicatos coinciden que proseguirán las movilizaciones. El día 27 de noviembre está convocada una gran manifestación a nivel nacional en Madrid, hasta la que se desplazaran efectivos que prestan servicio en Córdoba y pertenecen al SUP o a JUPOL, entre otros. Esta reivindicación ha conseguido incluso limar asperezas entre algunas de estas organizaciones, historicamente enfrentadas por conseguir la mayor representatividad posible.

En la concentración en Córdoba se han personado varios cargos políticos del Partido Popular, que también se opone a la derogación de la Ley aprobada durante la segunda legislatura presidida por Mariano Rajoy.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que la reforma legislativa va orientada a "garantizar el ejercicio de los derechos y libertades a los ciudadanos y, al mismo tiempo, dar seguridad y certeza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones". De hecho, el responsable del ministerio asegura que el Partido Popular está "politizando a los profesionales de la seguridad del Estado, que son neutrales y profesionales".

Sin embargo, fuentes del PSOE han reconocido a La SER que en alguno de los puntos incorporados al proyecto de reforma han tenido que ceder a exigencias de Unidas Podemos.

A esto se suma otra de las preocupaciones de los agentes: que de aprobarse la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, podrían llevarse a cabo manifestaciones sin necesidad de comunicación previa. Pese a ello, el artículo 21 de la Constitución Española reza que "en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes".

Rafael Sánchez ha explicado las "graves consecuencias para la seguridad de manifestantes, ciudadanos y agentes que puede suponer que en un momento dado coincidan manifestantes de grupos rivales, sin que la Policía conozca que iban a concentrarse y con qué recorrido".