El Tribunal Supremo avala la nulidad del ERTE puesto en marcha por Arcelor-Mittal durante la pandemia
Comisiones Obreras cifra en 11 millones de euros las compensaciones para los trabajadores y avanza que si la multinacional no mueve ficha pedirán la "inmediata ejecución de la sentencia"
El alto tribunal considera que se cometió fraude de ley. / Getty Images
Asturias
El Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad del ERTE puesto en marcha en mayo de 2020 por Arcelor-Mittal, avalando así la sentencia de diciembre de ese año de la Audiencia Nacional que declaraba nula la decisión patronal y obligaba a reponer a los trabajadores en la situación anterior.
En una sentencia fechada el pasado 22 de septiembre, la sala de lo social rechaza el recurso de la empresa siderúrgica, y constata que existió el fraude de ley denunciado por los sindicatos, ya que la multinacional utilizó la normativa excepcional implantada por la pandemia de la COVID-19 para eludir el cumplimiento de las garantías pactadas con los representantes de los trabajadores. El responsable de Comisiones Obreras en las plantas de Asturias, José Manuel Castro, cifra el perjuicio a la plantilla en 11 millones de euros.
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José Manuel Castro, CCOO, sentencia TS Arcelor 11 millones de euros
“Si además resulta que las cuentas de las sociedades se presentan incompletas, y que la crisis productiva que se refiere en el informe técnico no es consecuencia de la pandemia, sino que ya viene latente durante todo el ejercicio 2019, se constata el defectuoso cumplimiento de los deberes de información y documentación por parte de la empresa", añade la sentencia. Castro ha avanzado que, si la siderúrgica no da cumplimiento, solicitarán la "inmediata ejecución" de la sentencia.
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José Manuel Castro, CCOO, si Arcelor no cumple ejecución de sentencia
Se ha demostrado, prosigue la Sala, que la empresa presentó un ERTE por fuerza mayor relacionada con la COVID-19 que fue denegado por la autoridad laboral, y durante las consultas se amenazó a la representación social con realizar entre 50 y 100 despidos en caso de no alcanzarse un acuerdo. De todo ello cabe concluir que hubo mala fe por parte de la patronal durante la negociación, tal y como sostenían los sindicatos que lo denunciaron -ELA, UGT, CCOO, USO y LAB- y el ministerio fiscal.
