La consejería de Educación ve "inadmisible" la "improvisación" en la supresión de las pruebas de ESO
Campuzano reitera su "fuerte compromiso" con la igualdad entre mujeres y hombres
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Mabel Campuzano, consejera de Educación y Cultura / CARM
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Murcia
La consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia ha considerado "inadmisible" la "improvisación" del Ministerio de Educación al decidir eliminar este mismo curso las pruebas de recuperación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
La Región de Murcia, Madrid, Galicia y otras comunidades del Partido Popular habían solicitado una moratoria de un año para aplicar la medida del futuro real decreto sobre titulación y promoción en la enseñanza, que preveía el fin de estos exámenes en la ESO (no así en Bachillerato).
La ministra de Educación, Pilar Alegría, se hizo eco de estas peticiones e introdujo en la norma la posibilidad de una moratoria de un año en su implementación, pero el último dictamen del Consejo Escolar del Estado rechaza esta opción por considerar que no puede haber distintos criterios en esta materia en función del territorio.
La recomendación del Consejo Escolar es de carácter "esencial", por lo tanto obligatorio.
Según fuentes de la consejería dirigida por María Isabel Campuzano, diputada autonómica expulsada de Vox, en una cuestión tan relevante que afecta a la evaluación, promoción y titulación del alumnado, "no es admisible la falta de planificación" del ministerio.
Para el departamento autonómico, este "cambio de criterio", una vez anunciada la medida por Alegría, demuestra la "improvisación" del Gobierno central y la "ausencia de seguridad jurídica" de las decisiones que están tomando al respecto.
En otro orden de cosas, la consejería Educación ha recalcado su "fuerte compromiso" con la igualdad entre mujeres y hombres y ha querido aclarar algunas informaciones.
Desde Educación han insistido que, como Administración responsable en la materia, su única misión "es promover la calidad de la enseñanza en todos los espacios educativos, con absoluto responsabilidad en preservar la igualdad de género".
En este marco, han insistido en el comunicado, "se tiene muy presente el absoluto cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Educación, y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres como principio horizontal y fundamental de nuestra sociedad".
Sin embargo, han comprobado que "se puede llegar a forzar en demasía la introducción de un leguaje inclusivo en los libros de texto, lo que podría perjudicar la compresión de los éstos y, en consecuencia, generar una inaceptable reducción del nivel comprensivo de los mismos por parte de los alumnos".
Desde la Consejería de Educación y Cultura, "en aras a poder ofrecer la mejor calidad de enseñanza en las aulas, se trabaja en encontrar las actuaciones correctas, equilibradas y sensatas que permitan a los alumnos la utilización de libros de texto que aporten claridad y sentido común".
Siempre preservando el derecho de igualdad entre mujeres y hombres, desde la Consejería se estudian acciones ponderadas para orientar a los centros educativos la utilización de textos que no incluyan un lenguaje inclusivo excesivo y que genera la falta de fundamento académico.
"El uso del lenguaje inclusivo en la enseñanza, consideramos, debe de atender a los requerimientos y necesidades de los alumnos, pero en ningún caso se debe convertir en un elemento que dificulte la compresión de las materias a impartir", concluyen.