Los acusados de Brugal piden anular las escuchas en el juicio por el Plan Zonal de la Vega Baja
Las defensas del expresidente del PP en Alicante y de la Diputación José Joaquín Ripoll y de los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregory han reclamado, en el inicio del juicio por el supuesto amaño en la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se sustentan las acusaciones
Brugal / Radio Elche
Elche
La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha dado inicio esta mañana al juicio por el supuesto amaño en la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja entre los años 2008 y 2009, una de las piezas separadas del caso Brugal.
Las defensas del expresidente del PP en Alicante y de la Diputación José Joaquín Ripoll y de los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregory han reclamado la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se sustentan las acusaciones. Entre los implicados también se encuentran la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y el empresario Enrique Ortiz, que tienen previsto adherirse a esta petición de nulidad de las escuchas.
En su intervención, los abogados de Ripoll, Fenoll y Gregory han coincidido en que las grabaciones e intervenciones telefónicas suponen una vulneración de los derechos fundamentales. En los juicios anteriores de otras piezas separadas de Brugal ya fueron anuladas las escuchas a petición de los acusados al entender que se trata de una "prueba ilícita".
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que oscilan entre los tres años y medio y los 17 años de cárcel para 13 acusados por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Se juzga a los acusados por, presuntamente, haber maniobrado durante los años 2008 y 2009 para otorgar a dedo el Plan Zonal cuya adjudicación ganó Ortiz en connivencia con Fenoll para repartirse los beneficios a través de unos terrenos de este.
Según Anticorrupción, estas supuestas irregularidades causaron al Consorcio de Residuos de la Vega Baja un gasto de 1,15 millones de euros. Por el momento, el proceso sigue paralizado y continúa sin encontrarse una ubicación consensuada para construirse esta infraestructura necesaria para dar servicio a más de 350.000 habitantes en la comarca alicantina.
Respecto a las fechas, la Audiencia ha dispuesto que las cuestiones previas se prolonguen hasta final de año y que el juicio se reanude en enero con las declaraciones de los acusados.
