Raquel González: "Espero que este sea el fin a siete años de acoso judicial y mediático"

Aranda de Duero

Punto y final a un tortuoso proceso tanto judicial como personal con implicaciones también para la convivencia ciudadana y las tradiciones de Aranda. Así ha analizado la alcaldesa de Aranda, Raquel González, la sentencia que respalda la licencia definitiva de apertura del coso taurino de Aranda, siete años después de que la Plataforma por la Plaza de Toros pidiera su nulidad en los tribunales, aunque ha sido más de una década de encontronazos, con la justicia de por medio, desde que en 2011 se decidiera conceder la primera licencia provisional.

Y aunque ahora la decisión ha sido “bendecida” por el juzgado, la alcadesa defiende que la tomó hace siete años porque era “necesaria y obligatoria” para el interés general de la localidad. De no haber concedido esta licencia, González se muestra convencida de que ahora el ayuntamiento estaría obligado a pagar indemnizaciones millonarias al empresario de la Plaza, Victoriano del Río, que ya en aquel momento reclamaba más de 8 millones de euros por responsabilidad patrimonial (por no tener concedida la licencia y por obligarle para ello a subsanar una deficiencia en la que los técnicos del ayuntamiento emitieron informes contradictorios)

La alcaldesa espera que la sentencia no se recurra y, por lo tanto, sea el final de un proceso con muchos costes personales debido a las querellas a las que se han tenido que enfrentar tanto ella misma como los tres compañeros del equipo de gobierno que votaron favorablemente la licencia de apertura en 2014: Alfonso Sanz, que ha acompañado a González en la comparecencia pública en la que ha valorado la sentencia, Azucena Esteban y María Ángeles Marín.“Hemos estado callados porque confiábamos en la justicia y ahora nos ha dado la razón”, apunta González. Para ellos y sus familias la alcaldesa ha tenido un reconocimiento del coste que ha supuesto “actuar con valentía”, como también para quienes tuvieron que comparecer ante el juzgado querellados por votar la licencia de obras en 2011, con mención expresa a los entonces concejales castellanistas José Ignacio Díez y Elia Salinero. González ha recordado que en ambos casos las querellas y denuncias presentadas fueron archivadas. “Pueden recurrir, pero yo espero que este sea el fin a siete años de acoso judicial y mediático”

Por el contrario González ha puesto el foco en quienes, en su opinión, han sido los verdaderos causantes de este conflictivo proceso: el gobierno municipal de PSOE e IU que en 2003 decidió la venta de la Plaza de Toros, a la que el PP se opuso. La actual alcaldesa lamenta también el enquistamiento del conflicto social que se ha alargado durante estos años entorno a la tradición taurina en la localidad.

A efectos prácticos la resolución judicial desbloquea la inscripción como patrimonio municipal del aparcamiento asociado al coso, así como el uso de la plaza por parte del ayuntamiento hasta doce días al año, como refleja el contrato que vincula a Victoriano del Río con el consistorio. La alcaldesa ha solicitado sendos informes a los servicios jurídicos municipales.

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También se encuentra a la espera de un informe jurídico la Concejalía de Festejos para decidir qué opción tomar ante el incumplimiento del contrato en que incurrió el empresario de la plaza de toros durante las últimas fiestas patronales, en las que ofreció una feria taurina que no se ajustó ni al número ni a la categoría ni al calendario de festejos taurinos que está obligado a ofrecer. De hecho el empresario taurino recibió la negativa expresa del ayuntamiento a su propuesta de feria taurina, pese a lo cual decidió llevarla adelante.