El presidente del TSXG defiende el control judicial sobre las medidas adoptadas en pandemia
Tras el polémico archivo del caso A Maruxaina, José María Gómez y Díaz-Castroverde afirma que los derechos de las mujeres están perfectamente garantizados en la justicia

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en los estudios de Radio Galicia. / Cadena SER

Santiago de Compostela
El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia defiende el control judicial sobre las medidas adoptadas durante la pandemia. José María Gómez y Díaz Castroverde no solo entiende que es necesario, sino que lo contrario, asegura, sería un "problema".
El presidente del TSXG ha asegurado en la SER que cualquier medida administrativa exenta de control jurídico podría suponer una quiebra del Estado de Derecho. Por ello, justifica que a lo largo de estos meses hubiese diferentes criterios para medidas similares. "Ser juez -dice- es muy difícil" e insiste en que para agrupar criterios y corregir posibles errores están las instancias superiores.
Sobre el polémico archivo de la causa abierta por las grabaciones sin su consentimiento a decenas de mujeres en A Maruxaina para colgarlas en páginas porno, prefiere esperar a la decisión de la Audiencia antes de pronunciarse. En todo caso, entiende que los derechos de las mujeres están perfectamente garantizados en la justicia.
En cuanto al juicio del Alvia, Gómez y Díaz-Castroverde ratifica que será en el primer trimestre del próximo año y justifica los ocho años de instrucción.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Entrevista José María Gómez y Díaz-Castroverde, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
El presidente del alto tribunal gallego califica además de "grave anomalía constitucional" el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.