Dudas sobre la constitucionalidad de la ley sanitaria de Aragón
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha pasado por los micrófonos de La Rebotica, en Radio Zaragoza, en el inicio del año judicial
Resumen de la entrevista al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en La Rebotica de Radio Zaragoza / Alberto Gómez
Zaragoza
La ley sanitaria aragonesa aprobada en 2020 para dar cobertura al gobierno autonómico para aplicar medidas de control de la pandemia una vez decaído el estado de alarma genera dudas sobre su constitucionalidad. Así de claro lo ha dicho, en los micrófonos de La Rebotica de Radio Zaragoza, el presidente del Tribunal Supeiior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido.
"No quiero pronunciarme sobre la cuestión pero algunas dudas de constitucionalidad plantea la utilización de esa normativa dentro de una comunidad autónoma", ha remarcado.
Sin embargo, no es la única duda legal que tiene Bellido: también sobre la necesidad de autorización judicial de las medidas de los diferentes gobiernos.
"Al poder judicial se nos ha atribuido una función que es muy discutible, que es esta de autorizar o ratificar las medidas sanitarias generales que dictan las comunidades autónomas" porque "esa no es propiamente nuestra función", ha insistido.
"Esto es como cogobernar, es decir, autorizas una medida y si esa medida se recurre tienes también que determinar si es legal o no; esto se ha planteado en el Tribunal Constitucional", ha continuado.
Entre lo más positivo, que la litigiosidad prevista en lo social y mercantil por la crisis económica derivada de la pandemia no ha aumentado como se esperaba, sobre todo, por los ERTEs.
"Se esperaban cifras más altas en la jurisdicción social y mercantil, por los concursos de acreedores o los despidos" pero "seguramente las medidas que se tomaron - como los ERTEs o la moratoria de los concursos, ha hecho que se haya reducido la tasa de litigiosidad".
Renovación del Consejo General de Poder Judicial
El bloqueo político para renovar el Consejo General del Poder Judicial es una irresponsabilidad, en palabras de Manuel Bellido.
"Es una falta de responsabilidad de los grupos parlamentarios, que están obligados a llegar a un acuerdo", ha remarcado Bellido. "Hace ya tres años que se debería haber llegado a ese acuerdo y, en la apertura judicial de hace tres años, el presidente [de CGPJ] ya pidió que se pusiesen de acuerdo para que se renovase lo antes posible", ha insistido.
Para Bellido, "las razones son diversas, cada grupo parlamentario tiene las suyas, pero además hay otra que lo perjudica", y es que "ese tema ha entrado en la contienda política".
