La Fiscalía alerta de la pasividad de los ayuntamientos para derribar viviendas irregulares

Málaga

La Fiscalía de Medio Ambiente asegura que la mayoría de los ayuntamientos de Málaga obstaculizan las demoliciones de viviendas ilegales acordadas en sentencias condenatorias.

Lo dice el ministerio público en su memoria de 2020 año cuando se llevaron a cabo 19 derribos por orden judicial en la provincia de Málaga.

Lamenta la Fiscalía de Medio Ambiente que las ejecuciones de derribo se dilatan durante años mediante recursos o peticiones de los condenados, pero, además, cuando se han superado esos procedimientos, el juzgado ha emitido la orden y llega al ayuntamiento de turno estos se oponen, dice la Fiscalía, argumentando falta de claridad en la orden, trámites de legalización o carecer de medios para ejecutarla de forma, asegura, que no se garantiza la ejecución de lo dictado en el fallo.

Cuando llega a los ayuntamientos el proceso es lento, plagado de inconvenientes e , incluso, obstaculizador, hasta el punto, mantiene el ministerio público, que en más de una ocasión se ha abierto causa contra los responsables municipales por la falta de colaboración.

La Fiscalía de Medio Ambiente inició en 2020 un total de 142 diligencias de investigación de las que 58 fueron por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, 41 contra la flora y la fauna y 29 relacionadas con el maltrato animal.

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