El sector ganadero se reafirma en sus críticas a la prohibición de la caza del lobo
El responsable de COAG, José Manuel Soto, cree que los ayuntamientos de la Sierra de la Culebra se verán afectados por la falta de ingresos derivados de la actividad cinegética
Manifestación de las organizaciones agrarias por el centro de Zamora / CADENA SER
El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, cree que la orden del MITECO generará un marco jurídico nuevo permita la coexistencia y que aporte fondos para evitar perjuicios a los ganaderos
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La entrada en vigor este jueves 24 de septiembre de la orden ministerial que prohíbe la caza del lobo ha producido el inmediato efecto de la suspensión por parte de la Junta de Castilla y León de las autorizaciones ya otorgadas para los cupos a cazar en la temporada que arrancaba este 25 de septiembre.
Para este año 2021 los permisos no llegaban a la treintena en las 5 comarcas loberas, porque se había reducido el número de cupos al Norte del Duero: se anuló incluso en las comarcas de Campos-Pan y solamente se mantuvo intacto en la Reserva de caza de la Sierra de la Culebra.
Uno de los vocales donde José Manuel Soto, en la junta consultiva de la reserva, ganadero y delegado de COAG en esta comarca zamorana, ha reiterado las críticas en a la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al Gobierno de Pedro Sánchez por el daño que supone prohibir la caza de lobo para el sector ganadero. Soto recuerda también el perjuicio económico que acarreará a los ayuntamientos de la sierra porque según Soto “la caza ha dejado también mucho dinero en la provincia”.
Defensa de la orden ministerial, comprensión hacia el sector ganadero
El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, preguntado por la reacción del sector ganadero y del PSOE en Castilla y León-que anunciaba este miércoles su recurso contra la orden del MITECO- ha querido terciar en la polémica generada por el final de la posibilidad de cazar a los cánidos.
Blanco, ha definido esta cuestión como “un asunto sensible en la provincia”; aunque defiende la decisión del Gobierno considerando que se trata de un marco jurídico nuevo que permitirá unificar la protección de la especie en todo el territorio estatal. Un marco que permita la coexistencia y que aporte fondos para evitar perjuicios a los ganaderos por parte de una especie de la que ni siquiera existe un censo real.
