Sindicatos y acción colectiva

Albacete

Acostumbrados al ritmo frenético de los acontecimientos en los últimos tiempos, ha pasado cual centella fugaz el anuncio y la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que se situará, con efectos de 1 de septiembre, en los 32,16 euros diarios o 965 brutos mensuales en 14 pagas, tras el incremento del 1,57 % acordado días atrás por el Gobierno y los sindicatos. A pesar del revuelo inicial coreado por la patronal -que ha contado de nuevo con el apoyo del Banco de España y de un importante sector de los medios de comunicación-, en realidad, esta medida afectará directamente a 1,5 millones de trabajadores, si bien suele tener un efecto al alza para los salarios inmediatamente superiores.

La medida gubernamental sólo ha contado con el apoyo de las organizaciones sindicales porque la CEOE se ha borrado del acuerdo con la advertencia de los efectos perniciosos que dicha subida puede tener sobre el mercado laboral. La principal oposición no va contra la subida en sí, sino por el momento en el que se aplica. En realidad, la anterior y reciente subida, de febrero de 2020, también contó de entrada con esa argumentación porque según la organización empresarial los sectores más afectados por el SMI (hostelería, comercio) no podrían asumir esta carga adicional, al ser los que se están recuperando más lentamente de la crisis. También se quejan de que serán las pymes, no tanto las grandes empresas, las que lo acabarán acusando más. El colofón del supuesto error consistiría en los efectos negativos a la creación de empleo. No pretendo aquí entrar en la debilidad de dicha argumentación, entre otras cosas porque los convenios si están aplicando subidas salariales, pero parece evidente que de ir por esta vía estaríamos contribuyendo de manera flagrante a aumentar una de nuestras principales lacras sociales: la desigualdad. El argumento de la justicia social de la decisión parece no convencer a los más recalcitrantes.

Desde los años setenta se viene abogando por un cambio en el modelo productivo, por la introducción de mejoras en la tan cacareada productividad laboral, así como en la mejora en la formación de los trabajadores, aunque se habla mucho menos de la necesidad de elevar la calidad del empleo creado. Por acción directa o por la pura necesidad de los acontecimientos, muy marcados por las crisis que estamos sufriendo, se vienen dando pasos contradictorios, a veces, para alcanzar dichos objetivos. No podemos soslayar el hecho de que el gobierno actual, de coalición, alcanzó un acuerdo PSOE/PODEMOS que suponía un compromiso de aumentar el SMI que quedó congelado en enero pasado. La medida tiene connotaciones simbólicas, por tratarse sólo de un incremento de 15 euros, mucho menos de lo que pedían los sindicatos que recuerdan que la subida, apenas del 1,6%, es inferior a la del IPC (3,3% en agosto). Servirá también para relajar la presión sobre el gobierno con la esperanza de que el Ejecutivo suba para 2023 el SMI hasta los 1.050 euros, equivalente al 60% del salario medio. En julio de hace tres años, la patronal junto a CCOO y UGT abogó por establecer un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales, que ahora parece haber olvidado con el argumento de la inoportunidad.

La rotunda negativa de la patronal a la más mínima subida este año daba escaso margen al Gobierno y supone un cambio de estrategia con respecto al clima de diálogo empleado recientemente, a propósito, por ejemplo, de los ERTES.

En abril se cumplirán 45 años de la autorización de los sindicatos. En 1977 se convocaron 1.194 huelgas y se perdieron 16,6 millones de jornadas de trabajo. Solo en 1979 hubo más conflictividad. Entonces, la acción sindical tuvo mucho peso en la lucha contra el franquismo y la reconquista de la democracia. Era la que salía a la calle. Recordemos en este punto lo que nuestra aclamada Constitución dice en su artículo 7:

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"Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales". No parece que haya nada más importante para los trabajadores que sus retribuciones salariales y sus condiciones de trabajo. Habría que reflexionar sobre la debilidad del movimiento obrero, sobre la desmovilización y la baja sindicación en este contexto de tensión y relatos enfrentados.