Perfil del 'indultado fiscal' en Madrid: fortuna de 10 millones de euros basada en activos financieros

Madrid

Madrid es la única comunidad que no ingresa ni un solo euro por el impuesto de patrimonio. La región lo bonifica al 100% así que, en lo referente a este impuesto, los más ricos de la región están obligados a hacer la declaración, pero no a pagar si les sale a ingresar. Son meros declarantes, pero no contribuyentes.

En 2019 -último año sobre el que hay datos- eran en total 19.090 personas, que equivalen al 0,28% de la población total de la Comunidad de Madrid; pero atesoran un patrimonio que roza los 194.000 millones de euros. Para entender la dimensión de esa cifra es necesario ponerla en contexto: el PIB de la región ese año era de poco más de 240.000 millones de euros. Es decir, 19.090 madrileños tienen un patrimonio conjunto que equivale al 80% de todos los bienes y servicios que produce la región en todo un año.

El hecho de que ese reducido grupo esté obligado a declarar su patrimonio, aunque no a tributar por ello, permite saber también cuánto deberían haber pagado a las arcas públicas. Según los datos tributarios que difunde la Dirección General de Estadística de la Comunidad de Madrid, la cuota minorada de estas personas -una vez descontadas las deudas existentes, el mínimo exento y las reducciones y deducciones aplicables-, rozó en 2019 los 990 millones de euros -989.923.755 euros exactamente-.

En cualquier caso, el gobierno regional no contempla recuperarlo “bajo ningún concepto”, ni siquiera de forma temporal por la pandemia, según dijo el consejero de Economía el pasado viernes. Javier Fernández-Lasquetty cree que es un modelo “socialista y fracasado” y defiende que la bonificación de este impuesto ha contribuido al crecimiento económico de Madrid. Ese dinero -según el consejero- “ha estado mejor en manos de sus propietarios, que se lo han ganado, que en las de políticos o burócratas”. Es más, impulsa incluso una Ley de Autonomía Financiera “para blindar” la política fiscal actual, en palabras de la presidenta Ayuso.

Si contamos en ‘zendales’, como ha hecho en alguna ocasión la propia presidenta Ayuso, esa cantidad equivale a más de seis veces el coste reconocido de construcción del hospital de emergencias –150 millones de euros-. Si por el contrario se decidiera emplear esos recursos en la mejora de la Atención Primaria, se podrían implementar trece planes de mejora integral como el que ha puesto sobre la mesa la Comunidad de Madrid –73 millones de euros-; con una diferencia sustancial: estos ingresos llegarían en un único ejercicio, mientras que el plan de inversión anunciado para ese nivel asistencial se ejecutará, si finalmente ve la luz, en tres años. Esa cantidad supera incluso la partida que contemplan los presupuestos en vigor para pagar a toda la plantilla de Atención Primaria –725 millones de euros- y permitiría financiar toda la inversión anual en universidades -988 millones de euros-.

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Lasquetty, en cambio, defiende que es un impuesto antiguo, que “no existe en ningún país de la Unión Europea”, aunque otros estados de nuestro entorno como Noruega o Suiza, sí que lo mantienen. El consejero obvia el debate abierto en los foros internacionales sobre la conveniencia de aumentar la fiscalidad de los más ricos, especialmente ahora que la pandemia ha abierto enormes agujeros en las cuentas públicas. Hace solo cuatro meses llegó a calificar como “burócratas de la OCDE” a los autores de un informe de ese organismo que señalaron a la Comunidad de Madrid como un “paraíso fiscal interno” por bonificar completamente este impuesto.

“¿Cómo va a ser un paraíso fiscal el lugar donde más impuestos se pagan de toda España?”, se preguntaba este lunes el presidente de la patronal madrileña en un desayuno informativo. Miguel Garrido, al frente de CEIM desde hace dos años, hacía esta reflexión agregando el importe de todos los impuestos y tasas que se liquidan en la región -la tercera más poblada y la que tiene mayor PIB-. “Madrid actúa en el uso legítimo de sus competencias -defendió- y el resto puede hacer lo mismo.” Y es que en este asunto gobierno regional y empresarios van de la mano desde hace mucho tiempo.

Madrid no es la comunidad donde más gente hace la declaración del impuesto de patrimonio -la superan Cataluña y la Comunidad Valenciana-, pero también es cierto que la bonificación completa del impuesto en la capital produce una distorsión: solo están obligados a presentarla aquellos cuyo patrimonio supera los 2 millones de euros. La comparación con Cataluña ilustra perfectamente esta situación: en esa comunidad presentan la declaración del impuesto de patrimonio 79.876 ciudadanos, frente a los 19.090 que lo hacen en Madrid; pero de media los catalanes potentados tienen propiedades por valor de 2,6 millones de euros, mientras que en Madrid la fortuna per cápita se dispara hasta los 10,1 millones de euros.

Conclusión: en Madrid solo hacen esa declaración informativa los superricos, que cada vez lo son más. Mientras el número de declarantes crece de forma paralela en Madrid y en el conjunto de España -aumentó un 18% entre 2013 y 2019 en ambos casos-, esa simetría se rompe si miramos el patrimonio medio que declaran. En todo el país -con Madrid incluida- el valor de sus bienes avanzó un 14% en ese periodo, pero en la capital lo hizo un 24%.

Los ricos madrileños lo son, sobre todo, gracias a su capital mobiliario, fundamentalmente los activos financieros que atesoran. Ocho de cada diez euros que poseen corresponden a acciones, títulos de deuda, participaciones en fondos de inversión, planes de pensiones... El patrimonio inmobiliario –excluidos los primeros 300.000 euros de la vivienda habitual, que están exentos- apenas supone un 11% de su patrimonio total.

“Cuando piden una armonización [de los impuestos en España], lo que quieren es que se suban los impuestos en Madrid”, insistía Garrido el lunes. Se refería a los amagos del Ejecutivo central de poner un suelo y un techo comunes a este impuesto estatal, cedido a las Comunidades Autónomas, y que para el representante de los empresarios madrileños “penaliza el ahorro, genera doble imposición y es confiscatorio”.

El escenario del desayuno –el Hotel Ritz- invitaba a venirse arriba. También la audiencia, compuesta por una nutrida representación de la vida política y económica de la región, y que alternaba atenta cruasanes y sorbos al café. Había tanta gente que los organizadores se quedaron cortos de sillas, pero enseguida un enjambre de camareros vestidos de blanco impoluto comenzó a sacar butacones de rincones insospechados. Afortunadamente el clímax llegó ya con todo el público sentado: "¡Lo que tienen que hacer es eliminarlo [el impuesto de patrimonio] en toda España!”, exclamó Garrido antes de pasar a la siguiente pregunta.