El Supremo confirma la pena de 24 ños de cárcel por el asesinato de Paz Fernández
El alto tribunal ha rechazado la impugnación del acusado sobre las circunstancias agravantes de alevosía que implicaron la calificación del delito
Asturias
El Tribunal Supremo ha confirmado los 24 años de prisión impuestos a Javier Ledo por matar a golpes a María Paz Fernández Borrego, al aplicarle las agravantes de alevosía y discriminación por motivo de género tras quedar probada su relación de pareja y que actuó por celos.
El suceso ocurrió pasadas las once de la noche del 13 de febrero de 2018 en el domicilio de Navia del condenado, quien movido por los celos golpeó a la víctima en la cabeza y otras partes del cuerpo con un objeto contundente y varias piedras, lo que causó su fallecimiento.
Posteriormente trasladó en un vehículo el cadáver varios kilómetros hasta arrojarlo en el arroyo de La Pontiga en Arbón, según declaró probado la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada inicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y ahora por el Supremo. El cuerpo fue localizado 21 días después del asesinato en la orilla de un embalse.
Rechazo impugnaciones
El Supremo rechaza la impugnación por el acusado de la aplicación de las circunstancias agravantes de alevosía, que implicó que se calificará el delito como asesinato, y de actuar por discriminación de género.
Sobre la discriminación por razón de género, el alto tribunal destaca testimonios como los de una hermana de la fallecida o la exmujer del acusado, acreditativos de su carácter celoso y posesivo, puesto en relación con la conversación que estaba manteniendo la víctima con un amigo por whatsapp cuando recibió el ataque que acabó con su vida.
"Parece razonable que el jurado diera por probado que el acusado actuó movido por los celos, teniendo un sentido de la posesión respecto de la víctima, como también la relación sentimental como pareja entre ambos, en la fecha de los hechos, que no se cuestiona", indica el Supremo.
Fundamenta que de esta forma "concurre la motivación discriminatoria que, por razón de su dominación sobre la víctima, con la que el acusado mantenía una relación por ser su pareja sentimental, viene exigiendo la jurisprudencia, y que fue definitiva para la consumación de su acción, lo que lleva a la confirmación de la agravante de discriminación por razón de género".
En cuanto a la alevosía el Supremo señala que es razonable que el jurado considerase que el ataque fue sorpresivo, "pues nadie espera que, sin motivo aparente, le fracturen el cráneo, ello corroborado por la imprevista interrupción de la conversación por whatsapp".
La sentencia ratificada incluye la condena al acusado a indemnizar con 99.000 euros a la hija menor de edad de la víctima, con 55.000 a otro hijo mayor de edad, con 44.000 a la madre, y con 16.500 a cada una de las dos hermanas. Además, durante 25 años tendrá prohibido acercarse o comunicarse con los hijos por cualquier medio.
El Supremo rectifica un error material de la sentencia recurrida y limita a cinco años la extensión temporal de la medida de libertad vigilada impuesta (a ejecutar con posterioridad a la de prisión), ya que es el máximo previsto por el Código Penal en estos casos, y no los diez que se fijaron.
