La abogada Zulueta niega haber pertenecido al aparato jurídico de ETA
La Audiencia Nacional juzga a nueve acusados de integrar el considerado frente jurídico de ETA, Halboka, que supuestamente lideraba la abogada Arantza Zulueta, para quien el fiscal pide 19 años de cárcel tras haber sido condenada en 2019 como responsable del órgano coordinador del frente de cárceles de la banda terrorista.
Bilbao
La abogada Arantza Zulueta ha negado haber pertenecido al aparato jurídico de ETA, conocido como Halboka, así como haber mantenido una comunicación permanente con la cúpula de la banda terrorista o haber cobrado el impuesto revolucionario a empresarios vascos.
Con el interrogatorio de los acusados, la Audiencia Nacional ha celebrado este martes la segunda sesión del juicio por el "sumario 13/13".
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Este procedimiento se dirige contra ocho supuestos miembros del brazo jurídico de ETA, que supuestamente lideraba Arantza Zulueta, para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel por integración en organización terrorista en condición de dirigente y por depósito de armas y explosivos -al serle hallada en un USB la ubicación de varios zulos-.
Para el resto de acusados, entre los que se encuentra el abogado Jon Enparantza, el Ministerio Público solicita entre 7 y 12 años de prisión por su presunta pertenencia a ETA o colaboración con la banda.
Se trata de Naia Zurriarain, Julen Celarain, Iker Sarriegui, Saioa Aguirre y Nerea Redondo.
Zulueta, que solo ha respondido a preguntas de su abogado y otra defensa, ha desmentido su pertenencia a cualquier aparato de ETA como desprenden algunos informes de la Guardia Civil en los que la identifican con los apodos "Marxel" y "Bixer". "No soy yo ni conozco a nadie que le llamen así", ha asegurado.
Algunos documentos del sumario desvelan que la persona con esos alias recibía y realizaba comunicaciones con miembros de la banda terrorista, mantenía reuniones con sus miembros y con presos en prisión -entre ellos Francisco Mujica, alias "Pakito"- e incluso gestionaba el cobro del "impuesto revolucionario".
Sí ha reconocido Zulueta haber pertenecido al colectivo de abogados que asistían a presos de ETA y, en concreto, como dirigente del "frente de cárceles", el denominado KT, como confesó en el juicio a los "makos" en el que fue condenada junto a Enparantza, Zurriarain, Celarain y Esparza a penas leves de cárcel.
Según ha expuesto el abogado defensor de Zulueta, la sentencia de ese procedimiento explicaba que el "frente de cárceles" estuvo activo "de forma ininterrumpida" entre el 2003 y 2014 pese a las detenciones e imputaciones de algunos de sus miembros, algunos de los que comparten banquillo por segunda vez durante estos días.
De esta forma, el letrado ha vuelto a alegar que estos hechos son "cosa ya juzgada" -en la causa contra los "makos" del KT-, una cuestión que desestimó la jueza Ángela Murillo el pasado lunes.
La principal acusada ha detallado que una de las razones por las que la Guardia Civil la relaciona con el apodo "Bixer" es la declaración en sede policial de su compañera de despacho en Bilbao Naia Zurriarain, unas afirmaciones que, según ha ratificado esta procesada, estuvieron sometidas a torturas por parte de los agentes.
Zurriarain ha relatado que sufrió amenazas, abusos y otro tipo de torturas durante su traslado a Madrid y su estancia de cinco días en los calabozos antes de comparecer ante el juez.
"Me decían que si no decía lo que querían, que me iban a machacar. En los interrogatorios me desnudaron, me hicieron tocamientos... Me echaban agua en la cara y me ponían bolsas en la cabeza, pensé que me moría", ha contado con dificultad al tribunal.
Saioa Aguirre también ha denunciado torturas semejantes y ambas han coincidido al afirmar que fueron "obligadas" a aprenderse de memoria las declaraciones en sede policial. "Nada era cierto", han aseverado.
El resto de acusados, en su mayoría abogados, también han negado su participación en Halboka o cualquier otro aparato de ETA.
En concreto, Zulueta, Enparantza, Zurriarain y Sarriegui han denunciado irregularidades en los registros de sus despachos sitos en Bilbao y Hernani. "Fue un caos. Incautaron varios pendrives que no estaban ahí", ha señalado Sarriegui.
El juicio continuará mañana con la declaración de varios testigos, en su mayoría guardias civiles que intervinieron en los registros y detenciones de los procesados