Málaga apuesta por las Juntas Arbitrales de Consumo para la resolución de conflictos
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, interviene en el acto junto al Consejero de Salud y Consumo, Jesús Aguirre , la vicepresidenta de la Diputación, Natacha Rivas y el alcalde de Málaga, Francisco De la Torre / EUROPA PRESS/ALEX ZEA (EUROPA PRESS)
Málaga
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, han suscrito un convenio de colaboración por el que se garantiza la continuidad de la Junta Arbitral de Consumo de Málaga.
El objeto del convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo conocerá, con carácter prioritario, las reclamaciones de los consumidores en relación con sus derechos legalmente reconocidos.
El Ministerio de Consumo establecerá, en colaboración con el Ayuntamiento, un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento del sistema arbitral, en cooperación con la Consejería de Salud y Familias. Además, desde el Ministerio se facilitará el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo de este servicio ciudadano.
La Junta Arbitral de Consumo Municipal de Málaga se constituyó en el año 1995 tras el acuerdo suscrito entre el Instituto Nacional de Consumo y la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía y desde entonces ha resuelto más de 9.000 solitudes de arbitraje y ha dictado a través de los tribunales arbitrales casi 4.000 laudos.
La Junta Arbitral de Consumo es un órgano administrativo e institucional de resolución extrajudicial de conflictos planteados por las personas consumidoras y usuarias frente a entidades o profesionales adheridas al sistema arbitral de consumo, más de cinco mil en Andalucía de las que, prácticamente, 3.400 están en Málaga.
Para todos estos actores la Junta Arbitral de Consumo supone una posibilidad real de no pasar por un proceso judicial, contribuyendo, de este modo, a evitar una saturación de los tribunales ordinarios de justicia.
Es importante señalar que, como órganos parajudiciales, sus laudos arbitrales tienen los mismos efectos que una sentencia, no pudiendo ser revisados por ningún órgano judicial.
El Sistema Arbitral de Consumo, que se compone de una Junta Nacional y 71 Juntas de Arbitraje, es un servicio público universal y gratuito a disposición de las personas consumidoras. Permite resolver conflictos entre clientes y empresas sin recurrir a la vía judicial, de manera ágil, rápida, con efectos vinculantes y de obligado cumplimiento.
Para el funcionamiento y modernización de este sistema arbitral, el Ministerio de Consumo destinará este año 1,3 millones de euros provenientes de fondos europeos. Según ha explicado Garzón, la inversión permitirá modernizar las juntas arbitrales, mejorar sus servicios online y la interconexión de todo el sistema.
El ministro ha defendido que la amplia extensión territorial del Sistema Arbitral guarda relación con "la necesaria cercanía y aproximación al ciudadano" y, por ello, ha agradecido a las instituciones firmantes el compromiso con sus respectivos organismos de arbitraje. "Necesitamos acercar a la ciudadanía su derecho a una defensa accesible y gratuita", ha expresado Garzón.
El número de solicitudes de arbitraje que tramitan las Juntas Arbitrales de Consumo es cada vez mayor. Solamente entre los años 2019 y 2020 recibieron cerca de 120.000 solicitudes. Para el Ministerio de Consumo el crecimiento del arbitraje está relacionado con una mayor conflictividad en las relaciones de consumo, pero también a un mayor conocimiento de los mecanismos de protección que tienen los consumidores.
Ignacio San Martín
Periodista de Málaga especializado en tribunales y motor. Responsable de 'Autoradio', programa decano...
