Casi 600 desahucios en la Región de Murcia durante el primer trimestre de 2021
Según la PAH, la insuficiencia y falta de medidas de la administración "están abocando al sufrimiento a miles de personas"
Casi 600 desahucios en la Región de Murcia durante el primer trimestre de 2021 / Getty Images
Murcia
El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2021 en la Región de Murcia fue de 592, lo que supone un aumento del 17,7 % respecto al mismo periodo de 2020 y el segundo trimestre en que son mayoritarios, con un 49 % del total, los desahucios en viviendas de alquiler, que sumaron 292, respecto al impago de hipotecas (263), mientras que los 37 restantes fueron debidos a otras causas.
Estos datos figuran en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial, donde también se muestra que entre enero y marzo de este año se produjo un incremento interanual del 10 % de los lanzamientos consecuencia del impago de hipotecas y del 25,3 % de los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Además, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 se presentaron 434 demandas de ejecución hipotecarias en la Región de Murcia, un 65,6 % más que en el mismo trimestre de 2020.
En cuanto a la ocupación ilegal de viviendas, en los juzgados de la comunidad murciana se registraron 24 demandas y se resolvieron 34 durante el primer trimestre de 2021, mientras que ingresaron 1.447 casos sobre cláusulas suelo abusivas, resolviéndose 1.286 y dictándose 1.225 sentencias, de las que el 99,1 % fue estimatoria.
El portavoz de la PAH, Paco Morote, asegura que "entre la insuficiencia de las medidas del Gobierno central, y la ausencia de cualquier medida útil del gobierno de López Miras, están abocando al sufrimiento a miles de personas en la Región de Murcia". Morote lamentea "la renuncia del gobierno de San Esteban a adoptar medidas que puedan frenar el aumento desbocado de los alquileres, y de otras que pudieran incrementar el parque público de vivienda para alquiler asequible y de carácter social".
El CGPJ también ha hecho públicos los datos sobre juicios verbales posesorios por ocupación ilegal, señalando que en todo el primer trimestre de este año, se han presentado únicamente 24 casos ante los juzgados de la región. Dice Morote que esto "demuestra la inutilidad y la falsedad en los argumentos para justificar la urgencia de una de las medidas estrella de Díez de Revenga: El decreto anti ocupación, dictado sin la urgencia imprescindible para utilizar esta vía legislativa".
Desde la PAH consideran que "son imprescindibles políticas de vivienda que tiendan a garantizar el ejercicio de este Derecho Fundamental, que además, es la `puerta de entrada imprescindible para el acceso a otros Derechos Fundamentales como la dignidad, la sanidad, la educación e incluso el derecho al voto".
