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A Coruña

Concluye el juicio por los "incumplimientos" en la venta de las plantas de Alcoa

Alcoa defiende la transparencia del proceso y culpa al fondo Parter Capital

Concentración de trabajadores de Alu Ibérica / Isabel Bravo

Concentración de trabajadores de Alu Ibérica

A Coruña

La Audiencia Nacional ha celebrado hoy el juicio por los supuestos incumplimientos de las partes empresariales en la venta de las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés a Parter Capital, fábricas que después compró el Grupo Riesgo. Los sindicatos han demandado a estas firmas por la falta de inversiones comprometidas en la planta y el retraso en el cobro de las nóminas de los trabajadores con la pérdida de proveedores. Una situación que ha colocado a la planta en un grave riesgo de cierre, según los sindicatos.

Ayer mismo el comité de empresa se reunía en Madrid con la Dirección General de Trabajo para llegar a un acuerdo con Alcoa, pero ningún responsable de la multinacional llegó a aparecer. A las puertas de los tribunales, pero aquí en A Coruña, los trabajadores se han concentrado esta mañana ante la Audiencia Provincial. Toca, aseguran, rendir cuentas y también valentía política.

La multinacional estadounidense Alcoa ha defendido que la venta de las plantas se produjo de forma transparente, con el aval del Gobierno y los trabajadores, y señala al fondo de inversión suizo, Parter Capital, al que ha demandado, por el incumplimiento de ciertas obligaciones.

También Grupo Riesgo ha señalado en la vista que ha cumplido todos los compromisos, según ha señalado en un comunicado.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, aunque el juicio no ha quedado visto para sentencia, no se celebrarán más sesiones presenciales después de que las partes hayan acordado presentar sus conclusiones por escrito con el objetivo de agilizar este trámite.

Inicialmente fijada para el pasado febrero, la vista se ha desarrollado a puerta cerrada, por protocolo anticovid, durante cerca de cinco horas, en las que han intervenido los letrados de las compañías y de los sindicatos.

El Estado tiene el control a día de hoy de la planta tras la intervención judicial. Los demandados son el Grupo Riesgo, actual propietario, el fondo suizo parter Capital, que le vendió la planta, y Alcoa, primer dueño, además de varias filiales, que también están investigadas en otro proceso judicial por una supuesta estafa. En este escenario los trabajadores siguen acudiendo a su puesto de trabajo entrando en una planta que definen como moribunda. 

Este juicio, de carácter laboral, se celebra en paralelo a la investigación que realiza el Juzgado Central de Instrucción Número 3, también de la Audiencia Nacional, por un supuesto fraude, que ha derivado en la intervención judicial de las dos factorías.

 
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