Las manos sobre Guguy

Las Palmas de Gran Canaria

Son treinta años de vaivenes y operaciones especulativas sobre el último territorio virgen de Gran Canaria los que culminarían con la anunciada operación de adquisición de los terrenos de Guguy por parte del Cabildo.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha confirmado a la SER que la institución insular pujará en los próximos días para hacerse con la propiedad del resto de las parcelas de los barrancos de Güigüi, o Guguy, que quedaban por adquirir, de tal manera que esta Reserva Natural Especial se convierta al completo en un espacio de titularidad pública que garantice su conservación.

Con una superficie de 30 millones de metros cuadrados, el Ayuntamiento de La Aldea es el propietario de la práctica totalidad de la Reserva Natural, por lo que es el 10% del suelo restante, unos tres millones de metros cuadrados, lo que está ahora en subasta pública. Se trata precisamente de la parte más pegada a la costa, unas parcelas que el anterior propietario de los terrenos, el desaparecido empresario Jaime Cortezo, calificaba en su día como "el solomillo" de Guguy.

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La historia de la protección de Guguy está directamente relacionada con los cambios en la propiedad de sus parcelas, al menos hasta que la Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias declaró toda la zona como Reserva Natural Especial, una categoría de protección de las más completas de las recogidas en el ordenamiento jurídico. Con el cambio legislativo, la presión especulativa, mediática y política sobre esta parte de la isla se redujo ostensiblemente, aunque nunca desapareció del todo.

Pero antes, en los años ochenta, una concatenación de cambios de propiedad, algunos a precios irrisorios, hicieron temer que Güigüi se convirtiera en un nuevo ejemplo de degradación del territorio para su desarrollo urbanístico y turístico, un caso especialmente preocupante en tanto en cuanto se trataba, ya en aquella época, del último espacio costero de la isla sin urbanizar.

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Era la época de la toma de conciencia generalizada sobre la necesidad de proteger la isla de la depredación urbanística descontrolada, de la consolidación del movimiento ecologista, la época de Salvar Veneguera, del concepto de naturaleza-arte de César Manrique, de las primeras leyes regionales de protección de la naturaleza o de las políticas de compra pública de terrenos para su protección auspiciadas por figuras como Carmelo Padrón como Tirma, como Osorio; una época, en definitiva, de configuración de la identidad canaria fuertemente asociada a la defensa del territorio.

En 1988, la Caja de Canarias, propietaria de Guguy tras adquirirla en los años 60 a diversos propietarios locales, vendió a la empresa suiza Pellerine Ltd. los terrenos más apetecibles del último espacio virgen de Gran Canaria. Lo hizo, además, por una cantidad que en aquel entonces ya era sorprendentemente insignificante: 40 millones de pesetas, unos 240.000 euros.

Una empresa extranjera sin arraigo en las islas puso sus ojos -y sus manos- sobre la última playa virgen, el último reducto de naturaleza salvaje con el que contaba - y cuenta- Gran Canaria, y el escándalo social fue equivalente a la magnitud de la operación. La Caja Insular de Ahorros de Canarias era una entidad pública participada por el Cabildo, por lo que menos se entendía que lo hubiera vendido por dos pesetas el metro cuadrado a una empresa privada con evidentes intenciones especulativas.

Para terminar de despejar las posibles dudas que pudieran existir, unos días después de adquirir Guguy  casi a precio de regalo, los terrenos fueron revendidos a otra entidad radicada en el paraíso fiscal de la Isla de Mann.

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La recuperación de Güigüi pasó así del ámbito social al político.

La administración autonómica pasó a la primera línea de la defensa de Guguy y anunció - e incluso ejecutó- la expropiación de los terrenos para que pasaran a titularidad pública. El 19 de diciembre de 1989, el Consejo del Gobierno de Canarias aprobaba el expediente de expropiación forzosa de Guguy.

Durante esos años de gestión netamente pública, el Gobierno canario nombró guarda del espacio a uno de los escasos residentes locales de Guguy, nombramiento con el que comenzó una política de concienciación y responsabilidad ambiental que hizo que se redujera notablemente el nivel de degradación y suciedad producto de las acampadas y fiestas incontroladas, que suponían cientos de kilos de residuos cada año y que generalmente recogían voluntariamente sus visitantes más ecologistas ante el abandono de sus anteriores propietarios.  

Pero el cambalache con la propiedad de Guguy no había terminado. Tras unos pocos años de idílica gestión, un oasis en el vaivén de intereses especulativos sobre la zona, problemas formales en la ejecución de la operación de expropiación hicieron que los tribunales dictaminaran la devolución de los terrenos a sus legítimos propietarios, que a su vez lo revendieron hasta llegar a manos del empresario Jaime Cortezo, con lo que se evaporaba la posibilidad de terminar de blindar la protección de Guguy con su propiedad pública.

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Lejos de la mirada de los centros de decisión radicados en la urbe, en Guguy sucedían cosas. Volvió la basura a las playas, los asaderos de fin de semana, la proliferación de casetas de campaña en épocas vacacionales, los catamaranes gigantes repletos de turistas para hacer macrofiestas a lo largo de todo el día, paella y sangría, las ruidosas motos de agua.

Hubo en 2008 un intento de vender los terrenos al Cabildo, una propuesta que se fue desinflando entre otros motivos porque su propietario, Cortezo, pedía cuarenta millones de euros, lo que suponía un precio 165 veces superior al de la venta por parte de La Caja. De cuarenta millones de pesetas a cuarenta millones, pero de euros.

En 2018, tras años de inmovilismo y presionado por las deudas, Cortezo iniciaba una acción mediática en la misma línea de surrealismo que había acompañado otras operaciones de anteriores propietarios sobre estos terrenos, en este caso con una filtración a un periódico local para que se hicera eco de la puesta en venta de los terrenos mediante subasta en un portal chino, una acción que provocó una nueva reacción social y la consecuente toma en consideración por parte del Cabildo de Gran Canaria, que se mostró dispuesto a negociar su adquisición.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) embargó los terrenos al empresario debido a sus deuda con la hacienda pública poco antes de su fallecimiento en septiembre de 2020, por lo que la operación no pudo culminarse y los terrenos quedaron pendientes de ser subastados por el Estado.

Hasta hoy.