La Fiscalía acusa a Ramírez de un nuevo fraude a Hacienda a través de Ralons
La Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas ha presentado una nueva querella contra el empresario y su antiguo socio, Héctor de Armas, en la que acusa a ambos de haber defraudado a la Agencia Tributaria casi 306.000 euros a través de la sociedad Ralons Servicios SL en los años 2015 y 2016.
Miguel Ángel Ramírez / Archivo
Las Palmas de Gran Canaria
La Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas ha presentado una nueva querella contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y su antiguo socio, Héctor de Armas, en la que acusa a ambos de haber defraudado a la Agencia Tributaria casi 306.000 euros a través de la sociedad Ralons Servicios SL en los años 2015 y 2016.
Ramírez y De Armas estaban citado a declarar este lunes por esta denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el mismo que hace meses dictó la apertura de juicio contra ambos por presuntos fraudes a la Seguridad Social y Hacienda a través de Seguridad Integral Canaria.
Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, la comparecencia ha sido suspendida al existir un conflicto de intereses en cuanto a la representación del abogado de Ramírez, Sergio Armario, al haber tenido como cliente también a Armas, según ha alegado la letrada de este último.
El Juzgado deberá fijar una nueva fecha para tomar declaración a Ramírez y De Armas ante los hechos que les atribuye la fiscal Evangelina Ríos: la posible comisión de dos delitos contra la Hacienda Publica al pagar a los trabajadores de Ralons mediante dietas y gastos de viaje, que no tributan, y con indemnizaciones por despido establecidas en sentencia, exentas de gravamen también.
Según el escrito de la Fiscalía, la cantidad defraudada en 2015 ascendió a 170.924,80 euros, y en 2016, a 134.860,42 euros, a través de Ralons Servicios, empresa creada en 2013 y dedicada a labores de limpieza y transporte de residuos selectivos, que fue declarada en concurso de acreedores en 2019.
Esas cantidades, disfrazadas como dietas -subraya la acusación pública-, además eran deducibles como gastos en la declaración por el Impuestos de Sociedades por parte de la empresa, si bien cuando se le exigió la documentación debida para su acreditación, la empresa no disponía de ella.
Así mismo, en su escrito, la Fiscalía detalla que para generar las dietas pagadas por Ralons cada uno de los trabajadores beneficiados por ellas deberían haber recorrido 14.000 kilómetros en un año y haber reclamado derecho a manutención con pernocta el 80 % de sus días trabajados en 2015.
En el informe de la acusación se citan los casos de dos directivos, uno que percibió 16.510 euros en dietas en 2015, y 17.662, en 2016, y otro, hermano de Miguel Ángel Ramírez, que cobró 11.187 y 41.204 euros en las dos anualidades investigadas.
Así mismo, destaca que el importe que Ralons dice haber abonado en dietas supone el 9,58 % de los salarios pagados en 2015 y el 5,47 % en 2016, cuando la media nacional de las empresas dedicadas a esa actividad y con el mismo rango de facturación es de 0,24 %.
En la causa que tiene pendiente de juicio, Ramírez se enfrenta a una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa por supuestamente haber defraudado 36,66 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social a través de la empresa de vigilantes Seguridad Integral Canaria entre los años 2012 y 2017.
La acusación pública pide, a su vez, 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa para Héctor de Armas, la persona que sustituyó a Ramírez como administrador único de Seguridad Integral en 2011, en un movimiento que el Ministerio Fiscal considera una simulación, porque, desde su punto de vista, el primero siguió "siguió tomando todas las decisiones" como propietario del 91 % de la compañía.
La Fiscalía sostiene que Ramírez y De Armas recurrieron de forma sistemática a una serie de "ficciones" en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de comienzos de la pasada década, pero que en realidad buscaban eludir pagos a Hacienda y la Seguridad Social y multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera a costa de "perpetuar la situación de precariedad de la mayor parte de sus trabajadores".
Entre los mecanismos fraudulentos que se les atribuyen en ese caso, también figura el pago de horas extras disfradas como dietas.
