Más de 7.000 familias sufren la emergencia alimentaria en Santa Cruz de Tenerife
El Ayuntamiento destinó solo entre enero y marzo 1,5 millones de euros en tarjetas para comprar comida
Rosario González, concejala de servicios sociales / Europa Press
Tenerife
La crisis alimentaria ya afecta a más de 7.000 familias en la capital tinerfeña. Se trata de una de las consecuencias más severas que ha traído consigo la crisis del coronavirus y que el Ayuntamiento trata de mitigar mediante tarjetas sociales que permiten a los afectados poder ir a hacer la compra.
La concejala de Servicios Sociales, Rosario González, explica que, en lo que va de año, el consistorio ya ha gastado 1,5 millones de euros en esta ayuda. Además, y ante la creciente demanda, a finales del año pasado decidieron incrementar las cuantías que nutren los bonos cada dos meses: “Una familia de un miembro paso de tener una tarde de 120 euros a 170 euros. Una familia de cuatro personas pasó de una tarjeta de 150 euros a 300”.
La edil también se ha referido al tijeretazo del fondo europeo de alimentos con el que se han topado las ONG canarias y que solo en el Banco de Alimentos de Tenerife ha supuesto un recorte de 247 toneladas de comida tal y como denunció su presidente en Radio Club Tenerife - Cadena SER. “Nos toca responder a las instituciones que estamos con los vecinos”.
En este sentido, González ha mostrado su malestar porque “escuchaba a Julio Pérez (consejero de Administraciones Públicas) el otro día y prácticamente decía que no tenía que ver con ellos. El Gobierno ha financiado muchos años y dado subvenciones a los bancos de alimentos. Lo puede seguir haciendo y de manera extraordinaria podría dar esta ayuda”.
El Ayuntamiento capitalino firmó el mes pasado un convenio con Cepsa por valor de 28.000 euros para adquirir productos frescos y perecederos y destinarlos al Banco de Alimentos. Son cantidades insuficientes a todas vistas para las entidades sociales, que reclaman atención e inversión por parte del Gobierno, y que se han visto obligadas a reforzar la colaboración con la empresa privada para dar respuesta a la creciente demanda.
“Nos sentamos a ver los fondos europeos, qué están pidiendo, y nos están hablando de economía verde. Pero el problema en la calle es otro, que las familias necesitan ayuda. Oigo hablar de edificios para emergencias pero es que la gente no tiene alimentos”, apunta González reclamando una acción conjunta de todas las instituciones.
Actualmente 20.000 hogares tienen una ficha social abierta en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Solo hasta el mes de diciembre se detectaron 3.000 familias que nunca habían recurrido a los servicios: “Los ayuntamientos no podemos solos con esta situación (...) se nos debe dar más apoyo”.
