La promoción de viviendas VPO generará 23.000 empleos en Canarias
Viviendas VPO / Redes sociales
Tenerife
La crisis ha pulsado la emergencia habitacional del Archipiélago. Actualmente, unas 18.000 familias son demandantes de una alternativa social, por lo que el Gobierno ha iniciado un plan de choque con el que se habilitarán cerca de 4.000 viviendas de protección oficial hasta 2023.
A través de un proyecto piloto, Visocan invertirá 4,5 millones de euros en los próximos cinco meses para la adquisición de viviendas inacabadas. Las compras se llevarán a cabo en los términos municipales de Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Granadilla de Abona.
Según ha anunciado el consejero de Obras Públicas, Sebastián Fraquis, esto permitirá el acceso a 265 casas. En este caso, se tratará de viviendas de promoción privada. Tal y como ha explicado el gerente de Visocan en la SER, Victor González, "tenemos que cumplir con la Ley de contratos y tenemos que hacerlo a través de un concurso público para dar facilidad a cualquier fondo de inversión".
El acceso a viviendas inacabadas, que en 2023 aumentarán hasta las 1.748, es solo una de las vías para dar respuesta a la demanda social. A esto, Visocan sumará el desarrollo del suelo propio con licencia y proyecto con 1.257 casas y otras 1.000 a través de la colaboración público privada. Según ha anunciado González, este programa generará más de 23.400 empleos en los próximos años: "Se generarían 9.300 puestos de trabajo directos y unos 14.000 indirectos".
Asimismo, el consejero ha apuntado que la intención es frenar la oleada de desahucios que se avecina cuando decaigan las medidas de protección estatales y que las viviendas se sitúen en las zonas más tensionadas de las Islas, el sur y las capitales. "La dificultad que estamos teniendo a la hora de adquirir las viviendas acabadas es que los precios que se están ofertando y el juego del mercado nos llevan a comprarlas fuera de las grandes ciudades y zonas turísticas. Estamos buscando y las que hemos adquirido han sido especialmente en localidades limítrofes", ha asegurado Franquis.
La situación se recrudece en Tenerife
Con cerca de 2.000 personas en exclusión residencial extrema en Tenerife, la isla accedera a 843 de las más de 1.700 viviendas inacabadas que va a comprar el Gobierno en los próximos años, aunque el gerente de Visocan asegura que las cantidades "son ampliables".
Por zonas, el área metropolitana y el sur son las más afectadas por la crisis. En Santa Cruz de Tenerife, 3.500 familias demandan una vivienda de protección según el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife. Para ello, el nuevo Plan General de Ordenación reservará suelo para 5.000 casas.
En La Laguna, la necesidad se ciñe a 1.000 unidades de convivencia, mientras que Granadilla de Abona, otro de los puntos calientes, ya ha guardado dos suelos en los que se construirán 77 viviendas. La edil del área social, igualdad, salud y vivienda, María de la O Gaspar, señala que "tenemos muchísima ocupación ilegal y muchísimas familias que llevan años esperando por una vivienda pública".
