Las asociaciones judiciales afines al PP se denuncian a sí mismas
La firma de NIcolás García Rivas, catedrático en Derecho Penal
Cadena SER
Albacete
En el pasado otoño, el Gobierno promovió una reforma del método para nombrar vocales del Consejo del Poder Judicial con el fin de sortear la deslealtad institucional permanente del Partido Popular, que lleva años vulnerando la Constitución al bloquear la renovación del mismo de acuerdo con lo que establece nuestra Carta Magna. En otra "Firma de opinión", por aquel entonces, dije que esa Reforma era completamente disparatada, por la sencilla razón de que no pueden sentarse en la mesa del Consejo vocales que hayan sido elegidos con distintas mayorías, unos por 3/5 de Congreso y Senado y otros por mayoría absoluta. Cualquiera que sepa algo de teoría de las organizaciones institucionales lo podrá corroborar.
Hace pocas semanas, las asociaciones judiciales más afines al Partido Popular: Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, enviaron al Comisario Europeo de Justicia una carta en la que, invocando el art. 7 del Tratado de la Unión Europea solicitaban la intervención de las instituciones comunitarias para salvaguardar el Estado de Derecho en España. Es el colmo del cinismo.
El art. 2 del Tratado de la Unión Europea declara que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos.
Por su parte, el art. 7 permite intervenir contra un Estado miembro cuando se acredite que existe "un riesgo claro de violación grave" de esos valores. Es el precepto que se ha utilizado contra algún país como Polonia, ante el desmedido incremento del poder ejecutivo y la intromisión de éste en el Poder Judicial. El procedimiento en el seno de la Unión Europea es tan contemporizador que Polonia ha seguido aprobando reformas perturbadoras, lo mismo que Hungría y otros países.
En ese contexto, la carta remitida por las 3 Asociaciones judiciales españolas no puede dejar de calificarse como un acto de grave cinismo, ya que son ellas (y no la progresista Jueces para la Democracia) las beneficiadas por la vulneración constitucional perpetrada por el Partido Popular al negarse a renovar el Consejo con el fin de seguir nombrando jueces de esas Asociaciones para puestos clave.
La retirada de la torpe reforma planteada por el Gobierno de coalición no cambia esa realidad, de manera que habría que pedir al Comisario de Justicia de la Unión que advierta a los firmantes de esa carta de que son ellos quienes deberían ser amonestados por las Instituciones de Bruselas porque están vulnerando gravemente el Estado de Derecho en España.
