Reacciones a la autorización de Puertos del Estado a la ampliación norte

Valencia

Tras conocer este viernes que Puertos del Estado da luz verde a la ampliación norte del puerto de València sin la necesidad de una nueva declaración de impacto ambiental, las reacciones se han sucedido en las últimas horas. El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, explicó que  que la única declaración de impacto ambiental que se hizo en su día, en 2007, sigue en vigor y que ahora es la Autoridad Portuaria de València la que tiene que decidir si solicita o no una nueva declaración ambiental.

Algo que el alcalde de València, Joan Ribó, define como "lavarse las manos", para a continuación dejar claro que son demasiadas las dudas legales, medioambientales y económicas que genera el proyecto. 

El alcalde lamenta que el Gobierno de España haya tomado esta decisión "sin una comunicación previa con el Ayuntamiento de València y sin una mínima documentación aportada de informes ni de la adenda del proyecto". Ribó va más allá y asegura que se trata de una decisión "a lo Poncio Pilatos: la responsabilidad la delegan a la Autoridad Portuaria".

Compromís afirma que no es suficiente con las posibles contraprestaciones que el puerto pueda dar a la ciudad ya que quiere resolver las dudas medioambientales. Además, recuerda que la ciudadanía "no tiene el peso decisorio que merecería sobre un asunto de la trascendencia del que abordamos".

Los socialistas respetan la decisión 

Mientras los socios de gobierno de Ribó, los socialistas, tienen menos dudas. La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, da por buena la decisión de Puertos del Estado siempre que ahora esos puertos del estado y, por supuesto, la autoridad portuaria de València, compense a la ciudad. A cambio, propone Gómez, el puerto debe pagar el parque de desembocadura y un proyecto serio de regeneración de las playas del sur.

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El PP, mientras, tiene claro que se tiene que hacer pero pone una condición: la del respeto al medioambiente. La portavoz municipal del partido en el consistorio, María José Catalá, deja claro que el proyecto debe hacerse porque "generará 44.000 puestos de trabajo".

La patronal cree que ayudará a la recuperación económica

La patronal autonómica, fuera ya de la política, da por hecho que el proyecto respetará el medioambiente, que el puerto de Valencia ya es ejemplo en esa materia. Su presidente, Salva Navarro, está en la línea de Catalá y cree que se ha dado un paso fundamental para desbloquear "un proyecto clave".

La Comissió Ciutat-port, colectivo ciudadano contra el proyecto, no busca contemporizar ni pone condiciones, simplemente se opone y anuncia acciones legales para intentar frenar el proyecto. Su portavoz, Antonio Montiel, insiste en que la ampliación norte del puerto pone en peligro a la Albufera y la salud de los vecinos del marítimo. Cree que es innecesaria y pide que al puerto que la reconsidere. Pero, de entrada, deja claro que acudirán a la vía legal.

Un proyecto, el de la construcción de una nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del puerto de València, que seguirá dando mucho que hablar ya que marcará el futuro y hasta el modelo de ciudad.