Campo: "Hay normas autonómicas y locales para después del estado de alarma"
El ministro de Justicia ha participado en un debate con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el consejero de Justicia andaluz
![](https://cadenaser.com/resizer/v2/YZUIGH3K3BMI7PWJP2NE2KQXTU.jpg?auth=d7f9c7ab50fecca94943256c2f6f865c4e50368b6d979f152f7e505c59d10c5e&quality=70&width=650&height=487&smart=true)
Juan Carlos Campo, ministro de Justicia / Europa Press
![Juan Carlos Campo, ministro de Justicia](https://cadenaser.com/resizer/v2/YZUIGH3K3BMI7PWJP2NE2KQXTU.jpg?auth=d7f9c7ab50fecca94943256c2f6f865c4e50368b6d979f152f7e505c59d10c5e)
Sevilla
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado en Sevilla, en un encuentro organizado por Europa Press, que tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos, disponen de normas para seguir tomando medidas, que eviten los contagios de coronavirus, cuando finalice el estado de alarma el 9 de mayo.
Manifestaciones del ministro después de que el Consejo de Estado haya recomendado al Gobierno un plan B cuando decaiga el estado de alarma. El Consejo considera que el Gobierno debería reformar la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública para aplicar restricciones, de manera que las autoridades sanitarias dispongan del "mejor marco jurídico posible para afrontar situaciones de riesgo grave para la salud pública".
Esos instrumentos normativos de los que ha hablado el ministro de Justicia podrían pasar por órdenes autonómicas que establezcan el cierre de la hostelería o lugares de ocio a una hora determinada. Pero, ante esa posibilidad el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo Del Río, ya teme que haya una avalancha de recursos en los Tribunales si por la gravedad de alguna situación hay que adoptar medidas de movilidad que afecten a algún derecho fundamental.
De hecho, el consejero de Justicia, Juan Marín, ha lamentado que haya que depender de los jueces si Andalucía superara el 9 de mayo los 150 contagios de coronavirus por cada cien mil habitantes.
Por otro lado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha mostrado este viernes confiado en que el acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), además de otras instancias como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional (TC), siga "hecho" y se materialice "más pronto que después", porque "no hay alternativa".
Juan Carlos Campo ha considerado "un déficit" en la actual democracia española que no se haya procedido ya a la renovación pendiente del CGPJ, y ha sostenido que el "acuerdo" para ello "estaba hecho" hace unas semanas aunque "no se anunció", pero sigue "esperanzado en que esté hecho".
Ha agregado que "el problema está en que hay un bloqueo", porque para la renovación del Consejo se requiere "un acuerdo de partidos" y por ahora no se logra el "necesario consenso".
Se ha detenido especialmente en destacar que el PP resulta "fundamental" para alcanzar ese consenso, y en esa línea ha subrayado que "en una reforma de Estado no se puede quedar fuera un partido que ha vertebrado este país" y al que él, según ha añadido, ha ofrecido "volver al pacto de Estado por la Justicia" suscrito ahora hace 20 años entre el PP y el PSOE, así como "reforzar" el órgano de gobierno de los jueces proponiendo, por ejemplo, que "todos los nombramientos reclamen tres quintos, 13 votos" de apoyo.