El presidente de Adicae responsabiliza de las irregularidades a un ex delegado en Andalucía
La Justicia investiga si la asociación de consumidores ADICAE infló las listas de socios para obtener de forma irregular casi 700.000 euros
Manuel Pardos, presidente de ADICAE / Europa Press
Sevilla
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha atribuido a un antiguo responsable de la asociación en Andalucía la responsabilidad en la obtención de las ayudas públicas que ahora investiga una jueza de Sevilla por presunto fraude, a lo que ha añadido que él sólo tiene funciones "representativas".
Pardos ha declarado este jueves por videoconferencia desde Zaragoza ante el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, que investiga a seis miembros de la asociación para la defensa de consumidores y usuarios de bancos, cajas y seguros por si falsearon e inflaron sus listas de afiliados para obtener 693.519,72 euros de la Junta de Andalucía entre el 2015 y el 2018.
El presidente ha reconocido que la gestión de la asociación está centralizada en la capital maña pero ha indicado que el responsable de pedir esas subvenciones fue el entonces secretario general de Adicae en Andalucía, R.F, que precisamente fue quien presentó la denuncia que ha desembocado en la investigación judicial.
Según han informado fuentes del caso a Efe, el presidente de Adicae ha negado que su asociación manipulase el número de afiliados para captar varias líneas de financiación que la Consejería de Salud destinó a la protección de los consumidores, al contrario de lo que consta en un informe policial incorporado a la investigación en febrero del 2020.
De hecho, Pardos ha dado por correctos los datos que Adicae ofreció a la Junta y ha matizado que la Administración sólo pedía certificados de afiliados pero no concretaba si debían estar al día en el pago de las cuotas.
También ha comparecido ante la magistrada, en este caso en persona, el ex secretario general de Adicae en Andalucía Borja Martín, quien ha explicado que todas las decisiones sobre el devenir de la asociación o la obtención de subvenciones se tomaban en Zaragoza, que a su vez era la única sede donde había acceso a las bases de datos de afiliados.
La jueza ha aceptado la práctica de una prueba pedida por la defensa de esta parte para que un perito determine si una firma suya que aparece en un documento enviado a la Junta ha sido falsificada, como defiende el investigado.
El ex secretario general de Adicae Fernando Herrero no ha podido declarar este jueves por dificultades insalvables con la videoconferencia.
La Policía Nacional atribuye a los responsables de Adicae un presunto delito de fraude en subvenciones y otro de falsedad documental.
Según los investigadores, el número de socios de la asociación pudo ser "inflado", de modo que Adicae aseguró tener casi 14.000 afiliados en el 2015, cuando el censo real era de 3.665.
Los agentes requirieron documentación a Adicae y observaron que había "una gran diferencia" entre el número de socios que consignaron ante la Junta y el listado de los que "están al día en el pago de las cuotas".
Según reseñó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la asociación presuntamente incrementó el número real de socios hasta situarlo por encima de los 6.000 o los 10.000, que eran los mínimos para acceder a dos de esas líneas de financiación pública.
"Todo hace indicar que por parte de Adicae han contabilizado socios no al día así como socios que nunca han sido asociados con el fin de recibir e inflar al máximo las subvenciones recibidas", concluía el informe, que hablaba de un fraude continuado tanto en los datos regionales como en los provinciales.
