La UJI lleva a Fiscalía un informe con denuncias anónimas de presuntos acosos

Rectorado de la Universitat Jaume I. / Javier Quesada - Radio Castellón

Castellón
La Universitat Jaume I ha acordado trasladar a la Fiscalía de Castellón toda la información sobre denuncias anónimas por presuntos actos de acoso sexual en el campus después de realizar una investigación interna por parte de la Unidad de Igualdad y "evidenciar que no hay ningún caso en la actualidad y para eliminar así cualquier mínima sospecha sobre la institución".
Desde la Universitat Jaume I se entiende que el Ministerio Público es la instancia que permite a las víctimas -si existen- defender sus derechos y a las personas a las que se acusa de la comisión de estos actos que puedan ejercer su derecho de defensa.
Desde el colectivo Subversives (Asamblea Feminista y Anticapitalista No Mixta de Castelló), que hizo públicas estas denuncias a través de una exposición y en redes sociales, han criticado que "a pesar de vuestro comunicado para lavar la imagen ante la comunidad universitaria y haberos abanderado como universidad feminista, las alumnas sabemos quién las ha silenciado y quién les ha ofrecido un espacio seguro para denunciar".
La UJI, según un comunicado emitido por el centro, "ha decidido enviar a la Fiscalía los 29 escritos anónimos que llegaron al Vicerrectorado de Igualdad y a la Unidad de Igualdad, junto con la relación de acciones realizadas en el campus, las acusaciones anónimas contra profesorado de la UJI y de encubrimiento por parte de la Universidad y la difusión a través de redes sociales y medios de comunicación".
Las actuaciones realizadas por parte de la UJI, según las mismas fuentes universitarias, "no evidencian la existencia de ningún comportamiento irregular en la actualidad, y el anonimato de las denuncias ha impedido que hasta el momento se haya podido activar el procedimiento formal contemplado en el protocolo contra los supuestos de acoso".
De esta forma, la UJI considera que ha agotado todas las actuaciones administrativas de su competencia y que tiene la obligación legal de poner en conocimiento de la Fiscalía la información de que dispone en estos momentos sobre estos hechos.
Con esta decisión, y en línea con la tolerancia cero hacia el sexismo, la UJI pretende proteger a las víctimas -si las hubiera- y, en caso contrario, eliminar cualquier mínima sospecha de que se estén produciendo casos de acoso. Al mismo tiempo, se quiere permitir también que todas las partes tengan derecho a defenderse a través de los mecanismos del Estado de Derecho.
El colectivo feminista ha criticado a la universidad por su posición "impasible ante las agresiones machistas, apoyándose en su protocolo" y ha exigido "asuma responsabilidades y reconozca que, hasta ahora, han mirado hacia otro lado", además de pedir el "cese de los profesores reiteradamente señalados".
También ha exigido "espacios seguros y un protocolo efectivo que dé respuestas contundentes y que no cuestione a la denunciante".