La pandemia marca también las estadísticas de la OMIC
El Estado de Alarma motivó que más de una cuarta parte de las reclamaciones estén motivadas en este último año por cancelación de eventos o servicios
La OMIC está en la plaza Mayor / Cadena SER
Aranda de Duero
Este año de pandemia también ha dejado su impronta en las estadísticas de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Aranda, que, al igual que otros servicios públicos, sustituyó durante casi toda la primavera la atención presencial por la vía telefónica y el correo electrónico, unos canales que a día de hoy se siguen utilizando de manera preferente.
De un total de 6.834 consultas y 651 expedientes en materia de consumo, el Estado de Alarma ha generado un incremento de los que se refieren a suspensiones y cancelaciones de viajes, vuelos, conciertos, centros deportivos, prestación de servicios en academias o bodas, que representan más de una cuarta parte de las reclamaciones.
Se han incrementado las relativas a presuntas estafas y fraudes en el comercio electrónico, puesto que los consumidores en el confinamiento han utilizado de forma más habitual este sistema de compra. Lo que no ha variado es que los sectores que siguen generando el mayor número de reclamaciones son las Telecomunicaciones, el sector Bancario y Financiero, Gas y Electricidad y Seguros, debido al carácter básico y habitual de estos servicios, representando el 43% del total.
Esta oficina, que depende de la concejalía de Consumo, ha tramitado 83 expedientes de reclamación en el caso del concurso de acreedores y cierre de las clínicas odontológicas de DENTIX. En el sector de la automoción, la reciente sentencia sobre el fraude de la manipulación de los motores diésel del grupo Volkswagen, ha motivado numerosas consultas, así como la garantía en coches de segunda mano y las reparaciones de vehículos. El sector inmobiliario no ha experimentado un gran crecimiento en todo lo relacionado con la compra de vivienda, sin embargo hay un gran número de consultas o solicitud de información en temas relacionados con el arrendamiento de vivienda y las comunidades de vecinos. Se han incrementado las atenciones a personas vulnerables por razones económicas, ante impagos de servicios básicos, alquileres y cortes del suministro.
De los 651 expedientes abiertos, la telefonía, tanto fija, móvil e internet, representa el 30% de las reclamaciones de los arandinos con 195 expedientes de reclamaciones. Esta situación se produce por la gran inseguridad jurídica que sufrimos los usuarios de telecomunicaciones. Los comerciales hacen descuentos telefónicamente y después lo contratado y facturado no coincide, hay un incumplimiento sistemático de las ofertas. Se facturan cargos por llamadas a teléfonos de información 118, utilizados de manera fraudulenta, así como por “pagos a terceros” cuando el consumidor no es consciente de haber realizado el alta en estos servicios. Destacan los problemas derivados de la portabilidad, subidas fraudulentas de las tarifas o penalizaciones desproporcionadas, envío de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja, incumplimiento de ofertas comerciales, dificultades para darse de baja de un determinado operador y el cobro de llamadas no realizadas o el alta en servicios de mensajes no solicitados. La inoperancia de los servicios de atención al cliente obliga a los ciudadanos a acudir a los organismos de defensa del consumidor.
En el caso de las eléctricas y del gas, se han realizado 1.308 consultas y 91 expedientes de reclamación. Problemas de facturación, demora en el alta de suministro de nuevos contratos o cambio de titular, cambio de compañía comercializadora sin el consentimiento del usuario, y pagando varios contratos de mantenimiento en distintas empresas suministradoras. Preguntemos el precio de la luz y del gas, no nos fijemos sólo en los descuentos.
Asimismo, se han realizado 711 consultas y 78 expedientes de reclamación sobre servicios financieros. Los motivos son muy variados, siendo los más frecuentes los relacionados con el cobro de comisiones abusivas y la reclamación de los gastos de formalización de la hipoteca. En ocasiones se producen abusos por falta de transparencia, al no informar debidamente al cliente de las condiciones contractuales, sobre todo en créditos al consumo. El 61% (397) de estas reclamaciones se resolvieron favorablemente para el consumidor, a través de la mediación de la OMIC, un 16 %(104) se resolvieron a través de Junta Arbitral de Consumo y un 18% (117) se envían al organismo competente para su conocimiento.
