La Justicia ve indicios de criminalidad en los padres que no llevaron a sus hijos a clase por miedo al COVID
La resolución judicial será trasladada al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que en un plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral, el archivo de la causa o nuevas diligencias
Contra el auto emitido cabe recurso por parte de la familia. / Getty Images
Asturias
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea ha ordenado que continúe la tramitación de las diligencias abiertas contra los padres de dos menores, de 10 y 14 años, que dejaron de asistir a clase ante el temor a contraer la covid-19 por si fueran constitutivas de los delitos de abandono de familia y desobediencia.
Para la magistrada, de las diligencias realizadas se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten imputar a los padres de los menores los delitos referidos anteriormente, señala en un auto contra el que se puede interponer recurso.
La Fiscalía de Menores de Asturias presentó la querella contra los padres el pasado 29 de enero ante su reiterada negativa a dejar que sus hijos acudieran a las aulas y tras constatar que los progenitores hacían caso omiso a los requerimientos que se les ha realizado tanto desde ambos centros escolares como desde el Ministerio Público.
Tras tener conocimiento de los hechos el pasado 30 de noviembre, la Fiscalía convocó a una reunión a los padres el 14 de diciembre para advertirles de que debían cumplir con la obligación de garantizar la escolaridad de sus hijos en un centro normalizado y recordarles que en España no está permitida legalmente la enseñanza domiciliaria. Sin embargo, los progenitores volvieron a hacer caso omiso a su advertencia y los menores tampoco acudieron a clase tras finalizar las vacaciones de Navidad.
Los centros escolares a los que debían acudir los menores alertaron a la Fiscalía de que ninguno de los dos se había incorporado a las aulas los días 18 y 19 de enero, lo que llevó a la Sección de Menores a poner los hechos en conocimiento del juzgado, que tomó declaración a los padres la pasada semana al igual que a los responsables de los centros educativos.
La resolución judicial será trasladada al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que en un plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
