La Audiencia de Salamanca ve opacidad en cuentas y ordena declarar al líder del PP salmantino
Valladolid
La Audiencia de Salamanca ha ordenado al Juzgado de Instrucción 2, que investiga una supuesta financiación ilegal del PP en Castilla y León con motivo de las elecciones primarias que celebró en 2017, que cite a declarar como testigo con asistencia de abogado al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, y aprecia "opacidad" en las operaciones realizadas para poner al día las cuotas de los afiliados morosos y permitirles así su participación en el proceso electoral interno.
Las elecciones primarias del PP en 2017 se celebraron para elegir al sucesor de Juan Vicente Herrera al frente del partido y auparon al cargo al actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ganó al otro aspirante, el entonces alcalde de León y hoy senador del PP por León, Antonio Silván. A mediados de junio de 2019, durante las negociaciones entre el PP y Cs para conformar el Gobierno en Castilla y León, el Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca abrió diligencias previas para investigar una denuncia anónima que se refería a la petición de dinero, entre 300 y 500 euros, a cargos y asesores del PP para pagar cuotas atrasadas de afiliados que necesitaban regularizar estos pagos para participar en las primarias del PPCyL.
Dentro de estas diligencias, el Juzgado rechazó una serie de pruebas solicitadas por la acción popular Foro de Izquierdas-Los Verdes, que recurrió en apelación a la Audiencia de Salamanca que ha estimado parcialmente su recurso.
No es la primera vez que la Audiencia enmienda acciones de este juzgado que archivó esta causa al considerar que carecía de "tipicidad penal" pero que la tuvo que reabrir por orden de la Audiencia Provincial al estimar el recurso del Foro de Izquierdas-Los Verdes de Salamanca.
De este modo, la Audiencia ordena la declaración como testigos, "asistidos de letrado", del presidente del PP provincial, Javier Iglesias, y del exsecretario general de Nuevas Generaciones en Salamanca, César Gómez-Barthe. En concreto, dice el auto: "Se considera pertinente la declaración en calidad de testigos, asistidos de letrado, de Javier Iglesias García y César Gómez Barthe y Celada, el primero por su responsabilidad al frente del partido y posible conocimiento de los hechos y el segundo por ser necesario que complete la declaración prestada inicialmente ante la información incorporada a la causa".
Además, en el auto de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe, se pide al Juzgado que declaren otras 32 personas, algunas de ellas cargos del partido, que ya han testificado por medio de declaraciones juradas, pero que ahora tendrán que comparecer ante el juez.
Finalmente, la Audiencia indica que, una vez facilitados por el partido los datos de las cuentas bancarias abiertas para ingresos de cuotas de afiliados, donaciones y otras aportaciones, las entidades bancarias deben aportar esa documentación de forma reservada para que el letrado de la Administración de Justicia proceda a su cotejo.
La Audiencia de Salamanca ha justificado la necesidad de concretar estos datos en la declaración que hizo la gerente del PP salmantino, en la que, según el auto judicial de la Audiencia, dice: "sin perjuicio de no calificar en este momento los hechos, como los califica el letrado recurrente, por el momento, si algo queda claro, es la opacidad en las operaciones llevadas a cabo para poner al día las cuotas de los afiliados morosos y permitirles así su participación en el proceso electoral interno que se iba a celebrar de forma inmediata".
Además, la Audiencia requiere a la gerente del partido o persona responsable que tenga a su cargo la documentación oportuna, para que presente los números de las tres cuentas bancarias y entidad en las que están abiertas durante 2017 y donde se ingresaban las cuotas de afiliados, donaciones y otras aportaciones y extractos de las mismas, así como más documentación como las actas levantadas y fotocopia autorizada de las anotaciones de las donaciones en los libros de contabilidad del partido durante el ejercicio de 2017 y hasta tres meses desde su cierre.
En el auto, la Audiencia indica que "no deja de llamar la atención" el hecho de que la gerente del PP de Salamanca, en su declaración, advierta que la documentación aportada no fue elaborada por ella, sino que le vino dada por los dirigentes del partido. Y además, sostuvo que desconocía los criterios que se podrían haber seguido para efectuar la distribución del importe adeudado por los afiliados morosos para solicitar de otros miembros del partido la realización de aportaciones dinerarias para cubrir esa deuda.