Luisa Piñeiro dimite de su cargo tras ser condenada por fraude y prevaricación
Piñeiro ha comunicado ayer su renuncia como delegada de la Xunta en Pontevedra, "para no perjudicar a las instituciones ni a su partido"
Rafael Louzán y Luisa Piñeiro en el banquillo durante el juicio / Cadena SER
Pontevedra
El Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel al expresidente de la Diputación de Pontevedra, y actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán. Se le considera culpable de un delito de prevaricación y otro de fraude por conceder una subvención de 86.311 euros al ayuntamiento de Moraña para realizar unas obras de mejora del campo de fútbol que ya estaban ejecutadas con anterioridad.
A la misma pena, dos años de cárcel y ocho de inhabilitación, fue condenada la actual delegada de la Xunta en Pontevedra, y exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro. La sentencia la considera cooperadora necesaria del delito de prevaricación y autora de un delito de fraude. A la misma pena fue condenado el entonces Director de Infraestructuras de la Diputación.
También fueron condenados a dos años de cárcel el administrador y un empleado de la empresa adjudicataria del proyecto, así como el arquitecto que lo firmó, a quienes también han sido inhabilitados para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años.
La magistrada, además, ha condenado a un año de prisión y a dos años de inhabilitación para obtener ayudas públicas a cada uno de los dueños de las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad sabiendo que se trataba “de un mero trámite” para adjudicar la obra a una determinada empresa.
La jueza considera probado que la constructora a la que la Diputación había adjudicado en 2011 la instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas, aumentó su coste en 86.816 euros debido a una certificación. Al tratarse de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía rebasar el importe subvencionado, por lo que, según la sentencia, “se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba”.
La magistrada destaca que, para hacer frente a ese pago, en 2013, con el acuerdo del presidente de la Diputación, el director de Infraestructuras, el administrador de la empresa, la alcaldesa de Moraña y un arquitecto, se adjudicó de forma irregular otra obra a la misma constructora por ese importe, en concreto, las mejoras en el vestuario y las gradas del campo de fútbol, a pesar de que parte de ellas ya habían sido realizadas. Una vez denegada la posibilidad de aumentar el coste de las obras iniciales, “se buscaron alternativas para pagar esa certificación, creándose el proyecto de mejora en vestuarios y graderío del campo de futbol”.
La conducta del expresidente de la Diputación, según la jueza, “evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho”.
En cuanto a la exalcaldesa de Moraña, y actual delegada de la Xunta en Pontevedra, la sentencia señala que pidió la subvención a la Diputación “a sabiendas de que las obras para las que la solicitaba, cuando menos la mayor parte, ya estaban ejecutadas”.
La sentencia no es firme, pues cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Luisa Piñeiro dimite
Luisa Piñeiro ha comunicado ayer su renuncia como delegada de la Xunta en Pontevedra, “para no perjudicar a las instituciones ni a su partido”. Tras aclarar que la sentencia no es firme, anunció que está “disconforme” con la misma y que por tal motivo ya dio órdenes a su abogado para “presentar recurso hasta el final”.
En una breve declaración, dijo que quería “defender su honradez” y que seguía convencida de que la actuación que hizo en aquel momento era “la correcta, ajustada a derecho, y que trabajó únicamente por los vecinos de Moraña y el progreso de su querido concello”.
Con respecto al fondo de los hechos, afirmó que todo se debe a una concesión de una subvención y que se trata de un caso “que los 313 alcaldes de toda Galicia hacen todos los días”.
Explicó que renuncia a su cargo, pero que también deja de ser militante del PP, “o partido onde sempre estiven e estarei, para centrarme únicamente na defensa da miña actuación e poder demostrar a miña honorabilidade e a miña inocencia”.
Antes de su comparecencia el BNG y el PSOE habían pedido ya la dimisión de la Delegada de la Xunta en Pontevedra.
Desde el BNG, el diputado autonómico Luis Bará manifestó que esta sentencia “é unha condena ao PP, as prácticas irregulares e fraudulentas que caracterizaron durante moito tempo apolítica da Deputación de Pontevedra, cun modus operandi no que este caso é so a punta do iceberg”. Pero además desde el BNG se considera que esta sentencia es también una condena a la política de nombramientos de Núñez Feijóo por nombrar delegada de la Xunta en Pontevedra a Luisa Piñeiro “a pesar de estar acusada e imputada por feitos graves”.
Luis Bará explicó que el BNG pidió responsabilidades a los condenados, aun no siendo una sentencia firme, “debido a gravidade dos feitos que se consideran probados”.
El diputado nacionalista exigió también responsabilidades a Núñez Feijóo y le pide que tome “as medidas contundentes e inmediatas para dar a exemplaridade que neste momento deben dar os cargos públicos no cumprimento estricto da Lei e no exemplo que se debe dar a cidadanía. El diputado nacionalista atribuye a Feijóo “a responsabilidade destos feitos por darle a confianza política a quen non a merecía”.
Tambien desde el PSOE se exigió el “cese fulminante” de la delegada de la Xunta en Pontevedra. El vicesecretario general del PSdeG, Pablo Arangüena, manifestó que esta sentencia pone de manifiesto que “o cheiro da corrupción chega a distintos niveis do PP”.
El responsable socialista atribuyó también responsabilidades política al presidente de la Xunta: “Feijóo non pode seguir convivindo coa corrupción e coas irregularidades consciente do niño de caciquismo en que o PP converteu a Deputación de Pontevedra”.
Louzán recurrirá la sentencia
Por su parte, Rafael Louzán valoró la sentencia a través de un comunicado en el que anuncia que presentará recurso ante la audiencia provincial “con el convencimiento claro de poder demostrar mi inocencia, tal y como testificaron todos los técnicos de las distintas administraciones implicadas, testigos, funcionarios y peritos que acreditaron en sede judicial la corrección del procedimiento seguido y de la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas”.
Dice no compartir la decisión de la Jueza y siente que ha sido condenado “por el mero hecho de ser la máxima autoridad de la Diputación de Pontevedra en ese momento, y en ningún caso, tal y como se indica por parte de la jueza, porque haya pruebas que evidencien conocimiento y/o participación por mi parte en los hechos”.
Por último, señala que “mi actuación en este procedimiento, al igual que a lo largo de toda mi trayectoria, se ha regido por el único interés de buscar el beneficio de los ciudadanos y de la provincia de Pontevedra”.
Rafael Louzán no especifica si esta sentencia condenatoria va a afectar a sus responsabilidades actuales como presidente de la Federación gallega de Fútbol.
