La Red de Espacios Vecinales madrileña está en peligro de extinción
Tras poner fin al contrato que cedía el antiguo mercado de frutas de Legazpi a la Asociación Vecinal del barrio de Arganzuela (EVA). Conocemos más casos de espacios vecinales autogestionados a los que el Ayuntamiento no se les prorroga el contrato
La Red de Espacios Vecinales madrileña está en peligro de extinción
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Madrid
Veintidós centros repartidos por los diferentes distritos de la capital -principalmente del sur- conforman la Red de Espacios de Madrid Autogestionados (REMA), pero cada vez son menos. Al menos seis han echado ya el cierre como ‘El solar de Maravillas’, ‘La Salamandra’ o ‘La Ingobernable’, y otros, como el ‘Espacio Vecinal de Arganzuela’, ‘La Casa de la Cultura’ de Chamberí, o ‘El Solar de Matilda’ en Carabanchel, esperan su turno.
Chak Díaz, portavoz REMA participa desde hace 3 años en el centro vecinal ‘La Flor’, en el barrio del Pilar. Hacen uso de un par de salas de un antiguo colegio para hacer talleres de taichi, zumba, teatro o clases de idiomas. Lo definen como un espacio para actividades culturales y educativas que sirve de apoyo entre vecinos.
Pero no es la primera vez que estas asociaciones se ven amenazadas. Desde REMA creen que esta estrategia del Ayuntamiento viene principalmente del desconocimiento de las actividades que realizan. “Han cogido los mantras de Vox, de que somos chiringuitos de la izquierda”, explica Chak, “y lo usan como excusa para acabar con nosotros”.
En el caso del EVA -Espacio Vecinal de Arganzuela- quieren traspasar el local para crear una sede de SAMUR, y en otros casos, simplemente se les dice que “se están estudiando nuevas alternativas para el inmueble”. Nos les ofrecen alternativas de local o una solución pactada, como podría ser compartir el espacio.
Además, “son decisiones muy difíciles de revocar”, explica Díaz, debido a que la titularidad del espacio es plenamente del Ayuntamiento. Casos puntuales como el de La Casa del Cura, en la Plaza del Dos de Mayo, sí tuvieron un recorrido judicial como el que se intenta tener ahora con el EVA y otras asociaciones para conseguir paralizar el desalojo. “En este caso la jueza reconoció que en el inmueble se desarrolla un proyecto de interés público y social”. Lo que dejó la resolución en manos del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que aún no se ha pronunciado.
