El plazo de pago al olivarero comienza cuando éste pide la liquidación y no a la entrega
Una sentencia da la razón a una almazara de Jaén, respaldada por APROLIVA y se impone a la tesis defendida por la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA
Paisaje de olivar / El País
Úbeda
Una sentencia recoge que los plazos para el pago, al olivarero, de la aceituna entregada a la almazara empiezan cuando este pide la liquidación y no desde la mencionada entrega. Así lo recoge una sentencia, ya firme, emitida el pasado 8 de enero desde el Juzgado de lo central de lo contencioso administrativo número ocho de Madrid.
La misma da la razón a una almazara de Jaén, respaldada por la Asociación de Productores de Aceite de Oliva, APROLIVA y se impone a la tesis defendida por la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA en sus inspecciones, que aplica los plazos de pago de la ley Morosidad 15/20 y de la cadena alimentaria 12/2013).
Según manifiestan desde la asociación de productores, han sido numerosas las almazaras industriales inspeccionadas y sancionadas por la AICA, por liquidar a sus cosecheros pasados más de treinta días desde la entrega, hecho que propició el inicio de este proceso judicial ante la “subjetiva interpretación y rigidez de la ley de cadena alimentaria y morosidad que propiciaba un efecto contraproducente y perjudicial para el propio agricultor”.
Se defendía que con la aplicación que hace la AICA al tener que liquidar a los 30 días desde la entrega, “se está tratando de manera desigual al agricultor que lleva su cosecha a una almazara industrial, del cooperativista, pues la obligación de liquidar en el plazo de 30 días desde la entrega, propiciaba que este no pudiera beneficiarse de una `posible subida paulatina de mercado” o simplemente de decidir él cuándo vender.
Se alegaba en defensa, poder liquidar pasados los treinta días desde la entrega, la validez de libertad de pactos entre almazara y cosechero, la cláusula más beneficiosa para el agricultor recogida en la Disposición derogatoria de la ley 15/2010, y la propia Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019.
La sentencia es ya firme. La dirección jurídica del recurso contencioso administrativo y defensa de la almazara se ha realizado por el asesor jurídico de APROLIVA JAEN y abogado José Manuel López Carrasco.
