Desestimadas las reclamaciones económicas de la empresa gestora de la piscina municipal cubierta
El juzgado rechaza las pretensiones de Prado Sport de recibir 384.000 euros a mayores de lo previsto en el contrato para conseguir un equilibrio financiero que consideraba dañado por errores en el estudio de costes del contrato y por la imposición de ofertar bonos de baño
La sentencia, que puede ser recurrida, minimiza la importancia del estudio de costes en el establecimiento del contrato y argumenta que la los bonos de baño eran de oferta obligatoria tal y como figura en el pliego
Piscina municipal cubierta de Aranda / Cadena SER
Aranda de Duero
Prado Sport no recibirá, de momento, los 384.000 euros de suplemento que solicitaba judicialmente al ayuntamiento para conseguir el reequilibrio financiero de la explotación de la piscina cubierta, que considera dañado al haber sido obligada a ofrecer bonos de baño a un precio ventajoso para los usuarios y por la diferencia entre los costes reales del servicio y el estudio económico ofrecido por el ayuntamiento.
El juzgado de lo contencioso administrativo rechaza cada uno de los cuatro conceptos por los que la empresa solicita dicha indemnización. Argumenta, en primer lugar, que la imposición de ofertar bonos de 15 y 30 baños a un menor precio no supuso una modificación del contrato. Aunque esta oferta no figuraba expresamente en el documento firmado por ambas partes, era una obligación implícita para la empresa porque sí se contenía en el pliego de condiciones. Por este motivo el juzgado considera que no ha lugar al pago de los casi 90.000 euros solicitados para compensar este servicio y desestima también la pretensión de anular la obligación de ofrecer estos bonos.
Tampoco considera el juez que el consistorio tenga que compensar la diferencia entre ingresos y gastos calculados en el estudio económico muicipal y lo que en realidad está soportando la empresa, que pedía 113.000 euros por haber formalizado menos abonos de los fijados en el estudio económico y 110.000 euros por el mayor gasto de personal que ha necesitado para ofrecer el servicio. En ambos casos explica la sentencia que el estudio de costes con el que cuenta el ayuntmiento no es un documento contractual, ni forma parte de los documentos oficiales deld proceso de licitación y contratación. Añade que tampoco consta que dicho documento fuera tenido en cuenta por la empresa para formalizar su oferta, y por lo tanto no puede considerarse como causa de ningún error de cálculo. Y concluye, además, que la oferta con la que licitó la empresa adjudicataria contenía sus propios Planes Económico y de Viabilidad, a los que ahora la empresa no se remite, y basándose en los cuales mejoraba sustancialmente la oferta económica de la otra firma que concurría al concurso.
Finalmente la sentencia tampoco da por buenos los argumentos para admitir la solicitud de 70.000 euros para garantizar el beneficio industrial que se recogía en el estudio económico municipal. Afea a la empresa que sólo tenga en cuenta determinados ingresos y no otros, como los correspondientes a los cursos que ofrece, y que pueden compensar los menores ingresos en otros conceptos.
Por todo ello el juez acuerda desestimar íntegramente lo solicitado por Prado Sport, a la que también impone la obligación de pagar 2.500 euros en concepto de costas. La sentencia no es firme por lo que podrá ser recurrida en el plazo de quince días.
