La Junta pide dinero a sindicatos y patronal si quieren extender el Serla
El gobierno autonómico exige cofinanciar este servicio de mediación mientras los sindicatos lo califican de "esperpento"
Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria de la Junta / Ical
Valladolid
La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, ha pedido cofinanciación a partes iguales a los sindicatos y la patronal si quieren extender el Serla a las provincias, porque a su juicio, es una actuación con un coste de hasta seis millones que en la actual situación de crisis “no es necesaria” porque todos los trabajadores están cubiertos en los diferentes territorios a través del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Junta.
Amigo, que presidió una reunión de la Permanente del Diálogo Social, destacó la “reacción de sorpresa” de los agentes económicos y sociales a su planteamiento, porque “no esperaban algo así”, y aclaró que le pidieron una propuesta por escrito, con los costes que supondría la actuación, que espera “no superará los seis millones de euros”.
Carlota Amigo deseó que este planteamiento no suponga un nuevo conflicto con los agentes del Diálogo Social y expuso que si están dispuestos a poner su parte para el desarrollo de un acuerdo “privado” su departamento, aunque ya están definidos los presupuestos, haría un esfuerzo para agregar su parte.
La consejera indicó su compromiso en convocar de urgencia una nueva reunión de la Permanente del Diálogo Social para presentar la propuesta con los costes por escrito, y quiso dejar claro que está garantizada la aportación actual a la fundación, que este año supera los 700.000 euros, incluso mejorarla para que siga prestando sus servicios en Valladolid, ya que el resto de provincias, repitió, están cubiertas con trabajadores formados de la Junta.
Amigo insistió en que es preciso negociar un nuevo acuerdo sobre el Serla y defendió su propuesta como “viable, razonable y adaptada a la situación que estamos viviendo” y explicó que si aportasen los agentes económicos y sociales podría dejar de ser una fundación pública, aunque “en todo caso la Junta tiene el compromiso de seguir cooperando”. “Si quieren extenderlo con tanta urgencia necesitamos que se comprometan y pasen a aportar financiación a la fundación”, resumió.
Los sindicatos y la patronal "no dan crédito"
CCOO, UGT y CEOE Castilla y León no dieron crédito a la propuesta de la consejera de Empleo y Industria, Carlota Amigo, para exigir cofinanciación a sus organizaciones si quieren extender el Serla a todas las provincias, que calificaron de “esperpento” y consideraron que se hace “a mala fe” con el reto de romper el Diálogo Social. Los agentes económicos y sociales exigieron que Amigo rectifique una propuesta que esperan se haya producido por “desconocimiento” porque se trata de un servicio público, recogido en un acuerdo del Diálogo Social y que está amparado por una sentencia del Tribunal Supremo.
El vicesecretario de UGT en Castilla y León Evelio Angulo, definió el encuentro de hoy con Amigo como un “esperpento absoluto” y un “ejercicio manifiesto de irresponsabilidad política”. “No tiene limites ni nombre, es irracional”, dijo a Ical. “Han metido una nueva marcha en el atentado contra el Diálogo Social, que ponen en grave riesgo”, lamentó. Por último, se preguntó si el objetivo es hacer lo mismo y cambiar la naturaleza jurídica con todos los organismos periféricos de la Junta, con el acuerdo político PP-Ciudadanos; y constató que frente al coste de entre seis y ocho millones que ponen sobre la mesa, el acuerdo del Diálogo Social con el presidente Herrera de 2019, lo situaba en los 2,5 millones.
El secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO, Fernando Fraile, denunció que Amigo “actúa de nuevo de mala fe” y “nos hace una propuesta de ruptura”. Un planteamiento, dijo, que va en contra de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, pero también con el gobierno del PP, porque ese “servicio público” se pactó con el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que “cambió la orden de estructura de las oficinas territoriales de Trabajo”, para que el Serla asumiera su función. Asimismo, señaló que su extensión está en un acuerdo suscrito con el Gobierno del anterior presidente, Juan Vicente Herrera, y la propuesta de Amigo también “va en contra de la sentencia del TS” que les ampara.
Por último, el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, deseó que la propuesta de la consejera se haya producido por “desconocimiento”. Explicó que reclamaron a la consejera su propuesta por escrito porque “no nos lo creemos”. “Por un lado se sigue apoyando y por otro no creen en la incorporación de los conflictos individuales en las provincias porque ya se hace la labor en las oficinas territoriales”, dijo. Esteban razonó que es muy diferente lo que se hace en el SMAC que en el Serla, ya que el primero es un trámite administrativo, y “no hay mediación”, como en el segundo, entre empresarios y trabajadores.
El responsable patronal lamentó que el acuerdo que se firmó el 30 de enero de 2019, donde se reconocía el Serla como “positivo” “ya no está vigente para ello” y contrastó los entre seis y ocho millones que para Amigo ahora cuesta su extensión, frente a los 2,5 que se calcularon cuando se suscribió con Herrera. Asimismo, criticó que ahora todas las reuniones efectuadas para definir personal y sedes “se quedan en agua de borrajas”. “Creemos que lo ha hecho por desconocimiento”, dijo, para confrontar el avance en esas relaciones en España, frente a lo que ocurre a nivel nacional. “No es un problema de presupuestos, sino de no entender las relaciones laborales”, resumió.
