La Fiscalía archiva la única diligencia de investigación penal abierta sobre una residencia

Bilbao

Catalina Pedrero es la Delegada de la Sección Civil en la Fiscalía Superior del País Vasco y la persona que, dentro del ámbito de discapacitados y de personas mayores, por Decreto de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma, está coordinando la información recabada en cada territorio. Ante la pandemia, y promulgado el Real Decreto que decreta el estado de alarma,la Fiscalía General ordenó que todas las Fiscalías abrieran diligencias informativas de carácter civil, para realizar un seguimiento de las actuaciones que se estaban llevando a cabo en los centros residenciales ante posibles casos de desatención o de falta de medidas de seguridad, entre otras cuestiones, y que pudieran suponer especiales riesgos sanitarios para los ancianos,así como las muertes que pudieran registrarse y sus circunstancias. Su ámbito es el de la protección, fundamentalmente, y de ahí estas diligencias informativas.

Diligencia penal archivada y preprocesales en marcha

Actualmente hay "vivas" diversas diligencias informativas (preprocesales) en los tres territorios, que se activan automáticamente ante la denuncia de familiares o colectivos, como es el caso de Babestu, en Bizkaia, o del movimiento de Pensionistas. Solo había unas diligencias de investigación penales en Álava que, según Pedrero, se han archivado al considerar que los hechos denunciados no constituían ningún ilícito penal. Mantiene Pedrero que otras dos diligencias de investigación se archivaron porque también se había presentado esa denuncia en los Juzgados de Instrucción y en Fiscalía procede el archivo cuando se presentan simultáneamente.

Las diligencias informativas son peticiones para recabar información que ponen de manifiesto particulares y asociaciones y actualmente hay varias en marcha en los tres territorios

Protocolos residencias

Según Catalina Pedrero, "los protocolos están funcionando y los planes de contingencia también", a pesar de los brotes que se siguen detectando. Asegura que son "documentos vivos, que se van actualizando sobre la marcha" y que las Diputaciones son conscientes y participan de "un estado de alerta, de prevención y de vigilancia permanente". Mantiene Pedrero que la información fluye y que rápidamente se ponen en funcionamiento los planes de contingencia, cuando los datos empeoran.

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Negativa vacunación

La Delegada de la Sección Civil en la Fiscalía Superior del País Vasco se refiere en la SER a la situación del Centro de Día de Oiartzun, donde no se dispensa la vacuna, aunque no se niega que los usuarios se la pongan en un Centro de Salud. Esta es para Catalina Pedrero la clave ya que, mientras no se niegue esa vacunación no hay procedimiento posible por parte de la Fiscalía. Recuerda que "la vacunación es individual y personal" y es la propia persona la que decide si se vacuna o no. Si no tiene capacidad, dice, hay que estar a la sentencia y lo que dispone esa sentencia, que será la persona que tiene su representación o tutoría". En el caso de que no exista esa sentencia y haya personas que no puedan decidirlo por sí "siempre y cuando lo establezca el médico", será la persona, el familiar allegado, el guardador de hecho.

Insiste Pedrero en que la vacunación es personal y recuerda que "el procedimento de vacunación ya existe en otras áreas, como transfusiones de sangre e intervenciones quirúrgicas". La Fiscalía lo que hace, señala, es que "ante personas que no tienen capacidad de decidir por sí, cuando hay una negativa de un familiar a la vacunación, se abre un procedimiento con dictámenes médicos de quien atiende a la persona que necesita la vacuna en la que se habla de la idoneidad de la perona para recibir la vacuna". En el caso de que, con ese dictamen médico, se ponga de manifiesto ante Fiscalía, se abriría un procedimiento en el que es necesario recabar el del médico forense y finalmente el juez decide si autoriza al médico a que vacune a esa persona.