Estalla la paz social en el Ayuntamiento de Jerez

Jerez de la Frontera

La conflictividad laboral en el Ayuntamiento sigue su escalada. El comité de empresa del Consistorio ha convocado coincidiendo con el pleno otra protesta a las puertas de la Administración para exigir al gobierno local que frene los expedientes disciplinarios abiertos contra dos empleados, una de ellas delegada sindical, por supuestamente acceder sin permiso desde 2017 a 4.500 documentos públicos, muchos de ellos con datos personales.

Todos los sindicatos se han vuelto a concentrar en la puerta del Consistorio. CGT, CSIF, ATMJ, UGT y Comisiones Obreras mantienen rotas las negociaciones del convenio colectivo con el gobierno al que acusan de acosar a delegados sindicales. No valoran si rechazan o no el acceso de dos empleados a miles de expedientes porque, arguyen, el área de Recursos sigue sin facilitarles la información. El presidente del Comité, Ismael García, pone el acento en las diligencias abiertas por Fiscalía contra el Ayuntamiento por acumulación de cargos y el pago de sobresueldos.

Una de las trabajadoras denunciadas por el gobierno en los juzgados por supuestamente acceder sin autorización durante tres años a documentos oficiales es miembro del Partido Popular. El portavoz, Antonio Saldaña, afirma que la denuncia del gobierno contra su compañera de partido es una “huida hacia delante” para tapar la investigación abierta por Fiscalía por la acumulación de cargos de dos funcionarias de dirección.

A partir de aquí, cascada de reacciones políticas ante esa denuncia presentada por el gobierno contra los dos empleados por el acceso supuestamente irregular a 4.500 expedientes públicos. Acceso que ya ha provocado que el Consejo de Transparencia de Andalucía investigue de oficio la fuga de datos. El portavoz de Ciudadanos, Manuel Méndez, cree que, de confirmarse lo denunciado, lo más grave es “la brecha de seguridad que demuestra tener el Ayuntamiento al haber sido posible que empleados sin autorización accedan a datos protegidos” del Consistorio.

El portavoz de Adelante, Raúl Ruiz Berdejo, habla de hechos “muy graves” y pide conocer qué uso ha hecho “esta empleada vinculada al PP” de la información.

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La portavoz de Ganemos, Kika González, cree que de confirmase los hechos denunciados se justifica “el despido disciplinario” de esta trabajadora pública.