La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa tramitará ayudas al alquiler
Junto al resto de cámaras, ha firmado un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Canarias para agilizar los trámites
El presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Torres (el primero por la izquierda), en la firma del convenio con el Gobierno de Canarias.(Europa Press)
Las Palmas de Gran Canaria
El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha suscrito este lunes junto con los representantes de las cámaras de comercio del archipiélago un acuerdo de colaboración para agilizar los trámites de recepción de solicitudes de las personas que quieran pedir las ayudas al alquiler general que convoca de forma regular el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).
El acuerdo ha sido firmado por los presidentes de las cámaras de Comercio de Gran Canaria, José Sánchez Tinoco; de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé Alonso; de Lanzarote, José Torres Fuentes; y de Fuerteventura, Antonio Rodríguez Marichal, que estuvieron acompañados durante el acto por la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, María Salud Gil. Este convenio supondrá que el Gobierno canario tenga que desembolsar 265.753 euros.
Tras suscribirlo, Sánchez Tinoco habló en nombre de las cámaras para agradecer la confianza que el Gobierno de Canarias deposita en dichas corporaciones para gestionar las solicitudes de "ayudas a personas con dificultades económicas".
En este sentido, aseguró durante la rueda de prensa que realizarán un "trabajo serio" a través de asesorar para que "no se queden sin presentar solicitud" nadie que lo necesite.
Por su parte, el consejero canario de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, explicó que este acuerdo tiene como fin la mejora de servicios y de agilizar los procedimientos en la tramitación de las ayudas al alquiler, algo que dijo "es esencial" para el Ejecutivo autonómico.
Además, apuntó que se prevé que el personal del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) se dedique al pago de las ayudas del Covid para las familias que lo están "pasando mal" (unas 7.500), mientras desde las cámaras se recojan las solicitudes para las ayudas al alquiler.
Así, expuso que debido a que la presentación de este tipo de solicitud "no es sencilla", habrá más personal y más medios técnicos para atender a quienes lo necesiten a partir del 12 de enero de 2021, que es cuando se prevé abrir el plazo de presentación de solicitudes para estas ayudas recogidas en el plan de vivienda 2018-2021 (aunque se prevé prorrogar).
Añadió que en la última convocatoria se atendieron 18.274 peticiones y se espera que en los próximos seis años se alcancen las 80.000 solicitudes, ya que matizó que mientras se construyen unas 6.000 viviendas públicas en los próximos años "es fundamental" continuar con estas ayudas que abonan entre el 40 y el 50 por ciento del coste del alquiler.
Franquis expuso que el ICAVI ha tenido que afrontar este año el pago de 40,8 millones de euros en distintas ayudas al alquiler que benefician a más de 30.000 canarios.
PLAZOS Y REQUISITOS
En cuanto a los plazos y requisitos, Franquis dio algunos apuntes, señalando que el objetivo de gestionar así la tramitación de estas ayudas es que una vez que se cierre en marzo el plazo de presentación de solicitudes, en unos seis meses --septiembre-- se pueda publicar el listado con las personas que recibirán la ayuda para poder empezar con el pago --cuestión que en la última convocatoria se tardó año y medio aproximadamente--.
Asimismo, en relación a las bases admitió que se están ultimando, si bien matizó que son ayudas que están destinadas a familias con un nivel de ingresos de entre uno y tres veces el Iprem; familias monoporantales; familias numerosas; familias con personas que han sufrido violencia de género; con miembros discapacitados de más del 33 por ciento, a los que se abonará el 40 por ciento de las ayudas de dos anualidades, la de 2020 y 2021.
Además las ayudas también van destinada a jóvenes y menores de 35 años, así como a los mayores de 65 años, a los que se les pagará el 50 por ciento.
Finalmente, Franquis apuntó que están analizando la posibilidad de quitar cierta documentación a presentar por parte del solicitante a la que las administraciones pueden acceder directamente.
