La Ley de Segunda Oportunidad libra a una mujer del pago de una deuda de 800.000 euros

Huelva

El Juzgado de lo Mercantil de Huelva ha exonerado del pago de las deudas por importe de más de 800.000 euros a una mujer, M.R.G., a la que los bancos reclamaron que sufragara las deudas generadas por la empresa de su marido, que se hundió con la crisis de 2008, a pesar de que ella tenía un trabajo por cuenta ajena y no participaba en los negocios de su esposo.

Las entidades financieras exigieron a la mujer que avalara personalmente las operaciones financieras de la empresa del marido, de la que no participaba, según explica el bufete de abogados MOREANA Abogados que ha logrado que gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, esta mujer se vera liberada de tener que abonar esa deuda.

La familia perdió su vivienda a manos de un fondo buitre, y tuvo que solicitar un alquiler social. El procedimiento, tramitado conforme a la Ley de Segunda Oportunidad, ha sido impulsado y tramitado en menos de dos años por la oficina de Huelva del bufete MOREANA Abogados.

Los acreedores embargaron el salario de la mujer, reteniendo una parte sustancial del mismo. Esa situación se ha prolongado durante más de diez años, generando gravísimas dificultades para que la esposa pudiese seguir sufragando los gastos más esenciales del núcleo familiar (matrimonio y un hijo), y cubriendo necesidades básicas con ayuda de parientes.

"Es muy frecuente que bancos y entidades financieras impongan a ambos cónyuges avalar los préstamos y créditos de las empresas familiares, incluso aunque uno de los esposos no tenga participación alguna en la gestión, como sucedía en este caso", explica Carlos Fidalgo Gallardo, socio director de MOREANA Abogados. "Aunque la legislación sobre condiciones generales de Los contratos establece que eso puede ser una sobregarantía ilícita, se tratade una práctica muy extendida, que pone en riesgo el patrimonio personal, incluso del cónyuge o familiar que no participa en el negocio".

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Ley de Segunda Oportunidad, cada vez más conocida

La Ley de Segunda Oportunidad, que entró en vigor en 2015, incorporó al

Derecho español un régimen de liberación de deudas similar al de otros países

de nuestro entorno como Italia, Francia o Irlanda. Se pretendió con ella abrir una vía ágil y sencilla para que deudores de buena fe, arruinados por circunstancias externas, pudieran liberarse de sus deudas y así reincorporarse de nuevo a la vida económica. Sin embargo, los expertos consideran que la aplicación de la ley ha sido un relativo fracaso. Según la Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial,1 en 2019 sólo se tramitaron en España unos 2.500 procedimientos de segunda oportunidad, muy lejos de los más de 100.000 procedimientos en Alemania en el mismo año. La crisis COVID sí está impulsando al alza las cifras: según el último Informe de la Crisis Económica en los Órganos Judiciales elaborado por el Consejo General del Poder Judicial,2 el número de concursos de personas físicas iniciados en el tercer trimestre de 2020 se ha incrementado en un 63,4% respecto al mismo período de 2019.

"Nuestro cliente estaba en una situación desesperada cuando llegó al despacho", afirma Guadalupe Pérez de Vargas, letrada de MOREANA Abogados. "Los acreedores de la empresa interponían pleito tras pleito y acosaban a la familia a base de llamadas telefónicas a todas horas. La puesta en marcha del procedimiento consiguió frenarlos en seco". El mecanismo de segunda oportunidad, en efecto, suspende las ejecuciones contra el patrimonio del deudor, lo cual ataja la cascada de reclamaciones, pleitos y llamadas amenazantes a que se ven normalmente sometidos los insolventes", concluye.