Castilla y León pierde más de 151.000 personas entre 2008 y 2018
La cifra equivale a la población de Salamanca capital
Castilla y León es una de las poblaciones que más envejece / ICAL
Castilla y León
Castilla y León perdió, entre los años 2008 y 2018, un total de 151.613 personas, algo más de los habitantes de Salamanca, según revela el informe de 'Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes en materia de despoblación en las entidades locales' elaborado por el Consejo de Cuentas.
El consejero Emilio Melero ha desgranado durante la presentación del documento las principales cuestiones que pone de manifiesto el informe que hace el número 203 del Consejo. El informe aborda las actuaciones concretas de los últimos seis años, si bien el análisis de las tendencias poblacionales se ha extendido a los últimos 15 años.
El documento recoge que la población en España entre 2002 y 2019 se incrementó un 14,3 por ciento, mientras que la de Castilla y León disminuyó un 1,9 por ciento. Es decir, el peso de la población de la Comunidad sobre el total español pasó del 5,9 por ciento al 5,1 en el periodo de referencia.
La mayor variación de población por provincias entre 2008 y 2018 corresponde a Zamora (-11,5 por ciento), Ávila (-7,7 por ciento) y León (-7,2 por ciento), mientras que la menor disminución corresponde a Valladolid (-1,7 por ciento).
Además, el saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) de la Comunidad entre 2008 y 2018 ha sido de -106.828 personas, resultado negativo en todas las provincias en todos los años del periodo, a excepción de Valladolid de 2008 a 2011. Mientras, el saldo migratorio con otras comunidades autónomas en ese mismo periodo ha sido de -61.767 personas, siendo negativo, salvo puntuales excepciones, en todo el periodo y en todas las provincias.
El documento avanza también que el saldo migratorio con otros países ha sido positivo, sumando 16.982 personas. Excepto, en los años 2012 a 2015, el saldo migratorio con origen o destino en el extranjero ha sido siempre positivo para la Comunidad, especialmente concentrado en las provincias de León, Salamanca y Valladolid.
En cuanto a la distribución por sexos, se aprecia que la inmigración de mujeres siempre ha tenido una tendencia más positiva que la de los hombres, mientras que las migraciones interiores, Burgos, Salamanca y Valladolid han sido las provincias receptoras en mayor medida.
Considerando saldo demográfico y migratorio, el resultado es la pérdida de población en Castilla y León, en el periodo 2008-2018 de 151.613 personas, incide el informe que, analizado el saldo migratorio global entre 2016 y 2018 en función de la formación, constata que por cada persona que viene con una titulación superior se van dos.
MEDIDAS PROPUESTAS
En 2005 en la Comisión no permanente sobre la evolución de la población de Castilla y León, diferentes especialistas pusieron de manifiesto aspectos negativos de la tendencia decreciente de la población, como la baja natalidad, la escasa atracción de emigrantes y la disminución de la actividad económica.
No obstante, no llegó a definirse de forma concreta el problema, por lo que tampoco existió una presentación de objetivos. Sin perjuicio de ello, las medidas que se plantearon son coherentes con el análisis realizado, excepto alguna que parece contradictoria con la formulación general. En este sentido, el documento asevera que no se ha puesto en marcha de manera efectiva el Observatorio permanente de estudio de la evolución de la población en Castilla y León, previsto mediante Acuerdo de la Mesa de las Cortes en 2006.
Por otra parte, el informe recuerda que en 2010 la Administración autonómica aprobó la 'Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020'. Sobre él, el Consejo de Cuentas denuncia que hay "falta de coherencia" entre el diagnóstico y algunos objetivos y medidas.
RECOMENDACIONES
Los resultados del trabajo, reflejados en 41 conclusiones, dan lugar a siete recomendaciones. Así, las Cortes deberían valorar la oportunidad de aprobar una figura similar a la del Observatorio permanente de estudio de la evolución de la población.
En cuanto a la Administración autonómica, debería evaluar el impacto real de las medidas desarrolladas para determinar la estrategia que se deba desarrollar de cara al futuro.
El análisis de la problemática poblacional debería tener también a juicio del informe diferentes características en distintas zonas de la Comunidad y la ejecución de proyectos piloto de medidas en diferentes áreas puede ser la base que permita medir la eficacia de las iniciativas.
Las entidades locales deberían identificar el problema que quieren abordar teniendo presente su singularidad y estructurar sus actuaciones en función del análisis previo, a través de un instrumento (plan, estructura administrativa, entre otros) que les permita dar coherencia a las medidas a desarrollar y evaluar su impacto.
