El presidente del Villarreal y de Pamesa, Fernando Roig, imputado en la nueva causa contra Carlos Fabra
Roig, presuntamente, concedió en 2013 un préstamo de 1,4 millones de euros en beneficio de la familia del expresidente de la Diputación de Castellón
Fernando Roig en los micrófonos de Radio Castellón Cadena Ser / Radio Castellón
Castellón
El presidente del club de fútbol del Villarreal y del Grupo Pamesa, Fernando Roig, está imputado en la nueva causa contra Carlos Fabra, según un auto del juez Jacobo Pin que ha publicado el diario digital EL ESPAÑOL. Roig, presuntamente, concedió en 2013 un préstamo de 1,4 millones de euros en beneficio de la familia del expresidente de la Diputación de Castellón y ex líder del Partido Popular, Carlos Fabra. Un préstamo, según el juez, que era a fondo pérdido tal y como relata el diario digital.
Como les avanzó Radio Castellón, el juzgado investiga un entramado financiero con varios centenares de cuentas bancarias vinculadas a Carlos Fabra. En la causa se investiga si el expresidente de la Diputación ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales. El magistrado Jacobo Pin, según relata el diario digital, ha llamado a declarar en calidad de investigados no solo a Fernando Roig, sino también a su hijo Fernando y al administrador Miguel Pérez Ferrer para que determinen los motivos por los que concedieron los préstamos indirectamente a Carlos Fabra.
Según la investigación, la casa de Fabra en Oropesa, tasada en 1,4 millones de euros, fue la garantía hipotecaria del crédito, y los beneficiarios fueron los hijos del expresidente de la Diputación. Además de Fernando Roig, entre los nuevos investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012.
Según informa EL ESPAÑOL, los investigados son Salvador Martí, expresidente de la Cámara de Comercio de Castellón; Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón; Miguel Izquierdo Dols, gestor de Carlos Fabra; así como familiares del expolítico del PP y personal que estuvo a su servicio. Como empresarios imputados también se incluyen a Enrique Gimeno, presidente del grupo Facsa; Daniel Vicente Latorre, administrador de la gestora de residuos Reyval y Luis Enrique Batalla, exadministrador de Becsa. El número total de investigados en estas diligencias se eleva ya a 27, incluidos el propio expresidente de la Diputación y varios de sus familiares.
Algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense. El auto dictado por el juez instructor también incluye requerimientos de información a la propia Diputación, la Cámara de Comercio y el Partido Popular de Castellón, así como mandamientos dirigidos a diferentes Registros Mercantiles.
La causa comenzó en 2017, tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Se trata de una investigación judicial que se centra en la ocultación de bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia por la que fue condenado a prisión por la Audiencia Provincial de Castellón en el año 2013, como les avanzó esta emisora. Un caso en el que el juez Jacobo Pin trata de descifrar un entramado financiero con varios centenares de cuentas bancarias distribuidas por todo el territorio nacional.
