Los consejeros Luengo y Celdrán, investigados "por favorecer intereses cinegéticos", según los ecologistas
Luengo y Celdrán en la sala de prensa de San Esteban, en una imágen de archivo / Cadena Ser
Murcia
Las organizaciones ANSE y Ecologistas en Acción informan que el Juzgado de Instrucción nº 4 ha emitido un AUTO que acuerda dictar Diligencias previas contra dos miembros del Gobierno Regional: el actual Consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo y su antecesor, Javier Celdrán (actual Consejero de Presidencia y Hacienda), así como contra el Director General del Medio Natural, Fulgencio Perona y el Director General de Medio Ambiente, Francisco Marín por delitos contra el medio ambiente y la ordenación de los recursos naturales. Además, el auto recuerda la condición de aforado de Antonio Luengo y remite la causa al Tribunal Superior de Justicia.
El caso se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción de la Región Murciana. En su escrito, ambas organizaciones indicaron que la Orden de vedas 2020-2021 (al igual que la Orden de Vedas 2019-2020) había sido publicada el 13 de mayo de 2020 sin someterla a una adecuada Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000, tal y como establecía el Decreto 55/2015 (Plan de Gestión del Noroeste), como explica Pedro Luengo de Ecologistas en Acción.
Pedro Luengo, Ecologistas en Acción
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Para confirmar tales extremos, la Asociación de Naturalistas del Sureste requirió a finales del mes de mayo el expediente completo a la Dirección General del Medio Natural donde se pudo comprobar que tanto la ausencia de Evaluación, como la ilegalidad de la Orden de Vedas habían sido puestas de manifiesto en los informes jurídicos obrantes en el expediente.
Con posterioridad a la petición del expediente y ante el riesgo jurídico existente, el Director General de Medio Ambiente dictó el 10 de junio el informe de Impacto Ambiental “a posteriori” sobre la Orden, para después (12 de junio) convocar de urgencia un nuevo Consejo asesor de caza y pesca para el martes 16 de junio con la intención de dar el “cambiazo” a la orden irregular. Sin embargo, la ausencia de Evaluación Ambiental es un defecto insubsanable, por lo que consideran ilegal la argucia jurídica, según estas organizaciones.
Ecologistas en Acción y ANSE esperan que el procedimiento judicial que se abre ahora acabe de una vez por todas por la connivencia de la Comunidad Autónoma con los intereses cinegéticos y piscícolas en detrimento del Medio Ambiente y sirva para iniciar una fase de respeto a los órganos de participación pública y los procedimientos legales.
