Condenado el Gobierno de Aragón a pagar 33,5 millones de euros por la deuda del tranvía de Zaragoza
La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón da la razón al Ayuntamiento de Zaragoza y considera que el convenio entre ambas instituciones recogía el pago a partes iguales de una parte de este proyecto
Tranvía de Zaragoza a su paso por el Paseo Independencia de Zaragoza / Cadena SER
Zaragoza
La justicia da la razón al Ayuntamiento de Zaragoza y obliga al Gobierno de Aragón a pagar 33,5 millones de euros de la deuda de las obras del tranvía. Así lo ha determinado la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
El convenio de colaboración para la financiación de esta línea norte - sur que une los barrios de Parque Goya y Valdespartera data de febrero de 2009, - que ascendía a 400 millones de euros - y en el que ambas administraciones se comprometían a aportar 65 millones de euros cada una para la financiación (en total, 130 millones).
Por la entrada en el proyecto de un socio privado, la cantidad que debían aportar ambas administraciones se redujo hasta 128,7 millones de euros, es decir, 64,35 millones cada una.
Recoge la sentencia que así se mantuvieron los pagos los años 2010, 2011 y 2012 - sumando 24,7 millones- pero el gobierno autonómico dejó de abonar en 2013 y, a partir de entonces, el Ayuntamiento de Zaragoza ha reclamado su pago.
Diferente interpretación del convenio
La discrepancia entre ambas administraciones radica, precisamente, en la naturaleza de ese convenio. El consistorio ha defendido que se trata de un convenio interadministrativo de colaboración y cooperación para impulsar este medio de transporte y esta tesis es la comparte en esta sentencia la sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por el contenido de las clausulas, frente al Ejecutivo autonómico, que consideró que se trataba de una subvención.
Por tanto, quedan anulados los dos acuerdos posteriores del Ejecutivo autonómico, que cifró la liquidación finalmente en 8,9 millones de euros en marzo de 2018. Ante esta sentencia, cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo.
