El Defensor del Pueblo pide a Interior que inmigrantes puedan denunciar delitos sin miedo a ser expulsados
El Defensor hace este requerimiento a Grande Marlaska por cuarte vez a raíz del caso de una mujer hondureña que denunció ser víctima de violencia de género y fue expulsada por su situación irregular
El Defensor del Pueblo en funciones y Adjunto Primero, Francisco Fernández Marugán, EUROPA PRESS. Parra. POOL - Europa Press VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) - / Europa Press
Valencia
El Defensor del Pueblo se ha dirigido al ministro del Interior para recordarle su “inexcusable deber de colaboración” en el esclarecimiento de las circunstancias en las que se ordenó la expulsión de una mujer hondureña que acudió a denunciar la agresión de un hombre a la comisaría de Xirivella. A raíz de este caso, el defensor solicitó al ministro hace quince meses que adoptara medidas para que las personas extranjeras en situación irregular puedan denunciar sin miedo a ser expulsadas.
Después de tres recomendaciones infructuosas al Ministerio del Interior para que garantice el derecho de las personas migrantes en situación irregular a poder denunciar cualquier delito sin miedo a la expulsión, el Defensor del Pueblo no sólo no ha dado la batalla por perdida sino que ha endurecido su posición ante la institución que dirige Fernando Grande-Marlaska. El defensor Francisco Fernández Marugán ha acusado al ministerio de no colaborar debidamente en el esclarecimiento del caso de la mujer hondureña en situación irregular que acabó con una orden de expulsión cuando en mayo de 2019 fue a denunciar la agresión de un hombre a la comisaría de Xirivella. Este caso reabrió el debate sobre la desprotección jurídica que sufren las personas migrantes sin papeles y provocó los requerimientos de Fernández Marugán a Grande-Marlaska.
El Defensor del Pueblo comunicó el 21 de octubre a València Acull -entidad que presentó la queja en nombre de la mujer hondureña- que no se ha recibido la información solicitada al Ministerio del Interior, por lo que ante “esa falta de respuesta” se ha visto obligado a recordar a Interior “su inexcusable deber de colaboración”. En el mismo escrito, el defensor afirma que “se debe lamentar este involuntario retraso en el esclarecimiento de las circunstancias que planteó en su queja” e indica que en cuanto reciba la información requerida, “se le dará traslado de su contenido y de las actuaciones que en su caso procedan”.
La primera recomendación a Interior a raíz del caso de la mujer hondureña data del 16 de julio de 2019 y en ella el defensor solicitaba al ministro: “Dictar las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional.” Ante la respuesta de Interior de que sólo preveía la suspensión del expediente de expulsión en las denuncias por violencia de género, el defensor reiteró su recomendación en diciembre de 2019. Tras siete meses de silencio, Fernández Marugán requirió a Grande-Marlaska a que de manera urgente atendiera su petición. Y por cuarta vez, ante la falta de colaboración, el defensor tuvo que recordar a Interior el pasado 21 de octubre que está pendiente la adopción de la recomendación que formuló hace quince meses.
Mientras tanto las personas en situación irregular que acuden a poner una denuncia a una comisaría o a un puesto de la Guardia Civil corren el riesgo de acabar siendo expulsadas, a pesar de que la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito y la ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito prohíban esta práctica. Por tanto, tienen que seguir acudiendo al juzgado para poder realizar denuncias seguras.
