El PSPV no apoya a Ribó, que quiere destinar los ahorros municipales a pagar deuda, y abre otra crisis interna
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El alcalde de València, Joan Ribó, junto a la vicealcaldesa Sandra Gómez tras las obras de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de la ciudad. / Ayuntamiento de València (Archivo)
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Valencia
Ha ocurrido en la junta de gobierno de este viernes. Los socialistas no han apoyado la propuesta, que llevaba la firma del mismo Alcalde de València Joan Ribó, de destinar los 32 millones de euros de los remanentes de tesorería de otros años, a amortizar que tiene el Ayuntamiento en los bancos. Ha salido adelante sólo con los votos de los concejales de Compromís presentes en la reunión.
Se vuelve a abrir así una nueva grieta en el seno del Gobierno del Rialto y en un asunto que parecía se había reconducido después de que el Gobierno de España zanjara la polémica de los remanentes permitiendo finalmente a los Ayuntamientos, tal y como venía exigiendo alcaldes como Ribó, destinar esos sobrantes de dinero a gasto corriente, y no a amortizar deuda, como hasta ahora venía ocurriendo al estar en vigor la ley de sostenibilidad financiera de Cristóbal Montoro.
Pero este viernes el Alcalde ha decidido llevar a la reunión junta de gobierno una resolución proponiendo la ejecución del pago de 32 millones de euros a los bancos para reducir el nivel de endeudamiento municipal que, en la actualidad, por cierto, es el más bajo de los últimos años. La previsión es que el Consistorio acabará 2020 con 297 millones de euros de deuda, 35% de nivel de endeudamiento, un tercio de la que tenía el Ayuntamiento en 2015.
La resolución que ha llevado Ribó este viernes a la junta de gobierno, la firmó, según ha sabido la SER, el martes, el mismo día que todas las fuerzas políticas apoyaban en el Congreso de los Diputados la relajación de las reglas de gasto para los Ayuntamiento propuesta por la Ministra Maria Jesús Montero.
Explicaciones del Alcalde
Desde alcaldía explican a la SER que la decisión de amortizar deuda no es nueva, que se acordó en el peno de julio. La operación responde, afirman fuentes de alcaldía, a fortalecer financieramente al Ayuntamiento para poder afrontar una situación complicada en el trienio 2020-2022.
El objetivo, afirman, es ganar una capacidad de endeudamiento alta (hasta el 75%) para mantener el nivel de servicios públicos y hacer frente a una crisis sanitaria, dicen, "sin precedentes y con un alto grado de incertidumbre". En alcaldía explican además que la amortización permite además ahorrar 8 millones de euros en intereses que cobran los bancos y se liberan recursos corrientes para los próximos 4 años de las amortizaciones, a razón de 8 millones de euros por año, hasta llegar a los 32 millones que es el montante total de los remanentes de tesorería.
Reacción socialista
En el PSPV no se explican el "empeño del Alcalde" de destinar ese dinero a los bancos en lugar de usarlo para gasto social. Así se lo han hecho saber en varias reuniones esta pasada semana. Es más, la propuesta llevada a la junta de gobierno, según ha sabido la Cadena SER, no lleva la firma del concejal de Hacienda Borja Sanjuán, como se ha hecho en otras ocasiones, al entender el edil que la iniciativa carecía de coherencia y perjudica a los intereses municipales.
No solo eso. Recuerdan que la decisión de amortizar la deuda anticipadamente estaba paralizada por común acuerdo a la espera de una solución para poder utilizarlos en los siguientes meses y años. e hecho, añaden, ambos partidos "hemos criticado la ley Montoro por obligarnos a amortizar deuda". Hacerlo, dicen, es una medida "conservadora y austericida".
Consecuencias para la coalición
Pues a pesar de la dureza de las acusaciones mutuas, parece que el gobierno local no se romperá. Campillo cree que la confianza entre socialistas y Compromís no se ha perdido y Gómez espera que este error se solucione en los presupuestos para el año que viene.
56 millones de euros menos de deuda
La junta de gobierno local ha aprobado este viernes, en total, la amortización de 56 millones de euros de deuda municipal. En concreto se lleva a la junta, por un lado, el pago de 24 millones de euros que en su día decidió el gobierno local pero que todavía no se había ejecutado. Y por otro lado, y esto es lo más destacado, la junta debe aprobar que los 32 millones de euros de los remanentes de tesorería de otros años se destinen también a pagar deuda.