Málaga ofrece ayuda a Torremolinos, Cártama y Alhaurín de la Torre para recurrir las servidumbres aéreas

Málaga

El ayuntamiento de Málaga se ofrece a prestar "apoyo técnico" a Torremolinos, Cártama o Alhaurín de la Torre para que puedan presentar alegaciones ante las nuevas servidumbres del aeropuerto de Málaga que limitan la construcción en esas localidades. El consistorio de la capital malagueña busca hacer un frente común con los municipios afectados por las restricciones de ese documento, que actualmente está en exposición pública y que tiene especial impacto en la capital malagueña y, sobre todo, en distritos como Campanillas, Churriana y Teatinos, donde, en algunas zonas, la construcción se limita a tres metros de altura; para superar esos máximos, hay que solicitarlo a AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que tiene la última palabra.

La Gerencia Municipal de Urbanismo de la capital está elaborando en la actualidad un mapa sobre cómo afectarán esas servidumbres a la construcción en las distintas zonas de Málaga, documento que formará parte de sus alegaciones. "Nos ofrecemos tanto a Torremolinos como a Alhaurín (de la Torre) como a Cártma por si necesitan apoyo técnico en el caso de que quieran presentar alegaciones. (...) La mano está tendida", indica el concejal de Urbanismo, Raúl López, que insiste en el "brutal" impacto que tiene estas servidumbres en la ciudad.

También en el Parque Tecnológico (PTA) están en pie de guerra contra la nueva normativa que pone en jaque la ampliación del PTA en la Universidad. "Es un desastre total", indica el director de la tecnópolis, Felipe Romera, que indica no entender cómo es posible que cuando una planificación se ajusta a la ley se cambien las afecciones aeronáticas y den al trastre con los proyectos previstos.

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Desde la Asociación de Promotores y Constructores también se presentarán alegaciones contra las nuevas servidumbres planteadas al entender que ese nuevo espacio de seguridad asociado al aeropuerto "rompe el equilibrio" del Plan General de Ordenación Urbanística y lo deja "para tirar a la basura". La secretaria general de los constructores, Violeta Aragón, se muestra contundente: "Genera una inseguridad jurídica total para cualquiera que quiera venir a invertir a Málaga".